"Traslados en aviones, barcos, micros e incluso cruceros de lujo", así reza la letra de la iniciativa para retirar los planes sociales a quienes hayan viajado al exterior lo que preocupa sobremanera en provincias como Formosa o el Chaco cuyos lazos al otro lado de la frontera trascienden los comercial y se enfocan en lo familiar. El fiscal federal Guillermo Marijuán metió a todos en la misma bolsa y denunció que desde 2020 a la actualidad 159.919 beneficiarios del plan social "Potenciar Trabajo" viajaron al exterior, "circunstancia palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa" y pidió que se investigue a las autoridades que no controlaron el cumplimiento del programa, además de la baja de quienes lo cobran. En Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes miles de beneficiarios de esos planes tienen familias en Paraguay o Brasil y no son precisamente pudientes. Muchos son hijos de inmigrantes o naturalizados que no cortaron de todo el cordón con su familia y su país. Lo más serio es que, por su vulnerabilidad económica, dependen de las compras al otro lado del río en época de clases y cerca de las fiestas de año nuevo para aliviar en algo sus escasos presupuestos. Para el fiscal Marijuan el cruce a la localidad paraguaya de Alberdi tiene la misma entidad de "viaje al exterior" y hace que miles estén en riesgo de perder sus planes sociales. Palo y a la bolsa Con una visión típicamente porteñocéntrica la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuán, inició en abril pasado una investigación preliminar sobre los movimientos migratorios de los beneficiarios del Potenciar Trabajo y metió a todos en la misma bolsa. A principio de mes recibió la información oficial que concluyó que a partir del 2020 -cuando se inició el programa- 159.919 titulares reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios sin discriminar si fueron viajes a Marbella o a la ciudad paraguaya de Alberdi. El fiscal explicó que el plan está destinado a personas que se encuentran "en alto riesgo o estado de vulnerabilidad social" y/o que se desempeñan "en alguna actividad de la Economía Popular". El fiscal también pidió la baja de las personas que cobran el plan y viajaron al exterior para "hacer cesar los efectos del delito". "Resulta necesario que estas 159.919 personas que desde el año 2020 han venido percibiendo el Programa Potenciar Trabajo y que se ha podido determinar que durante su vigencia viajaron al exterior, muchas de ellas en numerosas oportunidades, dejen de cobrarlo puesto que demuestran una capacidad económica muy distinta a la de aquellos a los que se dirige esta ayuda estatal", explicó el fiscal que no tuvo en cuenta la realidad de un país que se extiende más allá de Capital Federal. Fuente Diario Norte.