El fiscal federal Patricio Sabadini ha presentado un requerimiento de instrucción formal contra el dirigente piquetero José Porretti basándose en la denuncia radicada por los diputados provinciales de Juntos por el Cambio en el Ministerio Público Fiscal de la provincia del Chaco. La denuncia se origina por las declaraciones de Porretti durante una entrevista radial, donde expresó su malestar por el "protocolo anti piquetes" del Gobierno nacional y amenazó con movilizaciones para "derrocar" tanto al Ejecutivo nacional como provincial. Sabadini imputó a Porretti por presunta violación de los artículos 226 bis y 212 del Código Penal. El primero se refiere a la amenaza pública e idónea de cometer actos delictivos, y el segundo a la incitación a la violencia colectiva. El fiscal federal argumenta que las declaraciones de dirigente piquetero constituyen una amenaza de rebelión, ya que incitan a tomar las calles para derrocar al gobierno. Además, se destaca la necesidad de preservar la tranquilidad pública y evitar que la conflictividad social se resuelva por vías no institucionales. El fiscal solicita la realización de diligencias probatorias y pide que se cite a José Porretti para que designe defensor, preste declaración indagatoria y ejerza su derecho de defensa. OTRA DENUNCIA CONTRA PORRETTI Este viernes el dirigente piquetero que llamó a "derrocar al Gobierno nacional y provincial", José Ricardo Porretti, fue denunciado penalmente por los delitos de extorsión, amenazas y estafa, según lo establecido en los artículos 168, 174 y 149 del bis del Código Penal. En el escrito se alega que Porretti, empleado de la Dirección de Administración del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Lotería Chaqueña y dirigente del movimiento "20 de Diciembre", ha acumulado 90 denuncias en el Ministerio de Desarrollo Social (actualmente Ministerio de Desarrollo Humano). Dichas denuncias señalan que Porretti, en su calidad de dirigente, estaba encargado de asignar becas del programa de Renta Mínima Progresiva, con un total de $ 4.600.000 mensuales pero abusaba de su posición al designar beneficiarios de manera arbitraria. El dirigente, además, está acusado porque habría exigido de manera ilegal $ 1.500 a los beneficiarios como condición para recibir dicho beneficio social, amenazar con la cancelación del beneficio si no participaban en actividades como cortes de rutas, marchas o escraches a funcionarios públicos, así como también maltratos verbales y laborales constantes. La denuncia también sostiene que Porretti habría utilizado su posición para cometer diversos delitos, afectando los derechos constitucionales de los beneficiarios. También en el escrito se argumenta que Porretti, al extorsionar a los beneficiarios, afectaba directamente la libertad y propiedad, constituyendo un ilícito con agravantes debido a su condición de funcionario público. En cuanto a las pruebas, se adjuntaron al escrito las denuncias realizadas ante el Ministerio de Desarrollo Social como documentación y solicitaron la emisión de informes a dicho ministerio para corroborar el rol del dirigente en el programa de Renta Mínima Progresiva. La denuncia fue realizada por los diputados provinciales Carlos Salom, Iván Gyöker, Samuel Vargas y Maida Gabriela With en la Unidad Descentralizada de Atención a la Victima y al Ciudadano ubicada en la avenida 9 de Julio al 318. Fuente Diario Chaco.