Una investigación por lavado de activos que se desprende de la causa principal por corrupción en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) tiene como nuevos protagonistas al intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, y a su hijo, Alejandro. Así lo confirmó el fiscal federal Federico Carniel, quien lleva adelante la causa. La pesquisa busca determinar el destino de los fondos públicos que habrían sido sustraídos de la universidad bajo la gestión del fallecido exrector Omar Judis. En el entramado, según Carniel, participaron presuntos testaferros encargados de "reciclar el dinero" a través de diversas maniobras de blanqueo. "Hay una causa por lavado activo derivada de la causa de corrupción donde ya hay gente condenada, entre ellos Omar Judis, su hijo y un grupo de personas más. Ese es el ilícitoprecedente", explicó el fiscal a N9. "A raíz de ahí iniciamos una investigación por lavado activo que derivó en esta, donde estarían implicados los testaferros o los que participaron en la maniobra de reciclaje del dinero", agregó. Uno de los hallazgos que llamó la atención fue realizado durante un allanamiento en el domicilio del hijo del jefe comunal: se encontraron más de veinte vehículos registrados a su nombre. "Era una persona joven y tenía más de 20 vehículos", precisó Carniel. Aunque evitó brindar mayores detalles sobre la operatoria, aseguró que "los elementos de prueba que encontramos en los allanamientos nos dan una base sólida como para iniciar un juicio". La causa implica a otros presuntos partícipes de la red, entre ellos la exesposa de Judis, una persona de apellido Varela, el empresario Juan Carlos Tingio y otros allegados al entorno del exrector. Según Carniel, "los fondos que se extraían de la universidad eran colocados e integrados a través de una fundación –la Fundación UNCAUS– y desde allí se distribuían entre distintas personas". El fiscal expresó su preocupación por la dilación en la tramitación judicial del expediente, que data del año 2015. "Hicimos una audiencia preliminar y el tribunal tentativamente fijó la fecha de juicio para junio de 2026. Para nosotros eso es un golpe letal. Esperamos poder modificarla para que esto tenga una solución en un plazo razonable", remarcó. Esta causa se suma al procesamiento reciente de Ibáñez en otra investigación federal, donde fue acusado de liderar una estructura para el otorgamiento fraudulento de pensiones no contributivas desde el Centro de Atención Digital (CAD) de Taco Pozo. En ese expediente, se lo imputa por asociación ilícita, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.