El diputado Francisco Romero Castelán presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por presuntas violaciones al régimen licitatorio y a la Ley de Ética Pública. Según el escrito presentado al que accedió Diario Chaco , Chomiak habría incurrido en una posible violación al artículo 67 de la Constitución del Chaco, que prohíbe expresamente la contratación del Estado con funcionarios o sus familiares directos. Además, la denuncia apunta al presunto incumplimiento de la Ley de Ética Pública Provincial N°1.341-A, que establece la obligación de declarar bienes propios y de la sociedad conyugal. La empresa involucrada es INTMEC S.R.L., una sociedad conformada en 2014 por Pablo Alfredo Melino, esposo de Chomiak, y Javier Gustavo Silva. Melino fue también exconcejal de Charata. De acuerdo a la documentación acompañada en la denuncia, INTMEC S.R.L. recibió múltiples contrataciones de obra pública —tanto provincial como nacional— mientras Chomiak ocupaba cargos ejecutivos en la ciudad de Charata. A valores actuales, las operaciones denunciadas por Castelán ascienden a $ 2.212 millones Entre las adjudicaciones más recientes se encuentran la refacción de la EET N°310 y EEEP N°638 por un total superior a $49 millones, en marzo de 2023, construcción de un CDI en febrero de 2023 por $83 millones y obras en clubes locales y otras instituciones educativas, alcanzando una suma total cercana a los $360 millones en contrataciones solo en el periodo 2022–2024. EL ROL DE CHOMIAK, SEGÚN LA ACUSACIÓN Romero Castelán advierte en su denuncia que Chomiak, electa como diputada nacional en 2021, no habría renunciado a la intendencia de Charata hasta el 31 de julio de 2023, ejerciendo simultáneamente ambos cargos, al menos en licencia. Esto, según el legislador, agrava la incompatibilidad en la contratación con una empresa de su entorno familiar directo. Además, subraya que desde su asunción como intendente en 2015 y hasta la fecha, no habría declarado correctamente la sociedad de su esposo en las declaraciones juradas patrimoniales que exige la Ley de Ética Pública. La denuncia solicita que se oficie a la Oficina Anticorrupción Nacional para que se proceda a la apertura de las declaraciones patrimoniales de Chomiak y se investigue si ocultó deliberadamente su vínculo con la empresa contratista. El artículo 67 de la Constitución provincial establece como nula cualquier contratación con familiares de funcionarios públicos hasta segundo grado, y prevé sanciones expulsivas y responsabilidades penales. Asimismo, la Ley de Ética Pública prohíbe omitir en las declaraciones juradas bienes propios y del cónyuge, incluyendo participaciones en sociedades. Fuente Diario Chaco.