Este miércoles, Aída Ayala volverá a sentarse frente al estrado de un tribunal federal en Resistencia. A un año de haber sido condenada por corrupción en la emblemática causa conocida como Lavado II, la dirigente enfrentará un nuevo juicio oral, esta vez por defraudación al Estado nacional durante su paso como secretaria de Asuntos Municipales del gobierno de Mauricio Macri. En este expediente, la acusan de haber direccionado contrataciones públicas a favor del empresario Claudio Tolosa, titular de la firma "Service Hogar", mediante un convenio firmado en 2016 con el entonces intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni. La maniobra, según la investigación encabezada por el fiscal federal Patricio Sabadini, incluyó sobreprecios considerables en la compra de maquinaria y herramientas financiadas con fondos del programa "Mi Pueblo". Ayala no estará sola en el banquillo: también están imputados sus exasesores Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, además del propio Tolosa. El Ministerio Público sostiene que los cuatro operaron como una estructura destinada a facilitar y ejecutar la defraudación , y pide para la exfuncionaria una pena que podría llegar hasta los seis años de prisión. Durante el debate oral, que se estima durará menos de un mes, declararán 30 testigos, entre ellos el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el exintendente de Resistencia, Jorge Capitanich. El fiscal del juicio será Federico Carniel, quien también intervino en la causa anterior y apeló la absolución que Ayala obtuvo en ese expediente por el delito de lavado de activos. UNA CONDENA VIGENTE Y UNA CAUSA EN REVISIÓN El nuevo juicio llega exactamente un año después de que Ayala fuera condenada a tres años de prisión en suspenso por delitos de corrupción cometidos durante su gestión como intendente de Resistencia. Aquella causa reveló una trama de licitaciones amañadas y contratos millonarios otorgados a empresas amigas sin respaldo técnico ni financiero. El fallo dejó a Ayala como figura central de un esquema de manejo arbitrario de fondos públicos y abuso de poder. El episodio más recordado del veredicto fue su desmayo en plena sala del Tribunal Oral Federal, poco después de escuchar su condena. La tensión del momento, sumada a la presión de años de proceso judicial, colapsó el semblante confiado con el que había llegado esa mañana del 10 de mayo de 2024. Diario Chaco reconstruyó que la sentencia de Lavado II fue apelada tanto por la defensa de Ayala como por el fiscal Carniel. Este último cuestionó la absolución por el delito de lavado de dinero y busca que la Cámara Federal de Casación revise ese punto. Así, la causa aún no está firme. DOS CAUSAS, UNA MISMA MATRIZ Ambos casos comparten una lógica: el uso de la función pública para beneficiar a un círculo reducido de empresarios, con el aparente aval y la intervención directa de Ayala. Si bien los contextos son distintos —uno en el ámbito municipal y otro en la esfera nacional—, las metodologías habrían sido similares: direccionamiento de contrataciones, simulación de procedimientos y pagos inflados. El nuevo proceso que comienza este miércoles será observado con atención no solo por los múltiples cargos públicos ocupados por Ayala en estos años, sino porque pone nuevamente en agenda la discusión sobre la corrupción en la administración pública de la provincia. Entre dichos casos, los vínculos de la anterior gestión provincial con piqueteros. Ayala, que en el juicio anterior denunció una "persecución política" y afirmó que buscaban "proscribirla", llega a este nuevo debate con un panorama judicial más complejo. Si la nueva causa avanza hacia una segunda condena, podría quebrarse la suspensión de la pena anterior y enfrentaría un escenario de cumplimiento efectivo. Fuente Diario Chaco.