El fiscal general federal de Resistencia, Federico Carniel leyó este jueves el alegato de la acusación contra la ex secretaria de Municipios de la Nación, Aida Ayala y solicitó una pena de 5 años de prisión. Igual pena fue exigida para sus dos principales colaboradores. Aunque en un principio la idea de la Fiscalía era pedir 3 años de prisión para el empresario Tolosa, esto aún no quedó en firme y puede resolverse en las próximas jornadas. En diálogo con Diario Chaco, el fiscal Carniel explicó que "se consiguieron pruebas para demostrar que Ayala y su equipo armaban las carpetas para generar estas compras fraudulentas". La diferencia con muchos otros municipios era que los intendentes no aceptaban ser parte de un esquima absolutamente desprolijo y por eso no llegaban las ayudas del Programa que estaba en la órbita de la Secrtetaría Nacional de Municipios que conducía Ayala. En Quitilipi encontraron "tierra fértil" para muchas de esas compras hasta que el entonces intendente Casalboni dijo "basta". La ex secretaria de Municipios durante la gestión de Mauricio Macri está acusada de defraudación al Estado a partir del "direccionamiento de fondos estatales en favor de un empresario aliado". Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, Ayala habría intervenido de forma directa para direccionar contrataciones públicas en favor del empresario Claudio Tolosa, titular de la firma "Service Hogar". Según el expediente, el mecanismo incluía la firma de un convenio que data de 2016 con el intendente de Quitilipi, de ese momento, Carlos Casalboni, permitiéndole una compra con sobreprecios de máquinas y herramientas financiadas con lo que se llama "Programa Mi Pueblo". Como parte de esta organización que acusa la Fiscalía también aparecieron en el expediente Miguel Angel Vilte y Matias Balmaceda Paiva, dos colaboradores de máxima confianza con Ayala. Los tres funcionarios y el empresario Tolosa integraban la estructura que iba generando estas maniobras fraudulentas. La clave para desencadenar la investigación y la llegada a este juicio oral fue la decisión en aquellos años del propio intendente Casalboni de denunciar que había aceptado pagar esos sobreprecios. En este mismo juicio, el ex jefe comunal Casalboni admitió su culpa y obtuvo un juicio abreviado. Fuente Diario Chaco.