El Tribunal Oral Federal de Resistencia ordenó el decomiso definitivo de tres vehículos de alta gama que formaron parte de las maniobras de lavado de activos cometidas por una asociación ilícita condenada en 2022. Se trata de una BMW X6 (dominio HUA-436), una Jeep Grand Cherokee Overland (dominio LSK-898) y una Toyota Land Cruiser Prado TXLAT (dominio LVP-448), que eran utilizados por los principales integrantes de la banda, aunque estaban registrados a nombre de terceros utilizados como "prestanombres". El fallo, firmado el pasado 30 de mayo por el juez de Cámara Juan Manuel Iglesias hace lugar a una solicitud presentada por la Unidad de Información Financiera (UIF), que había pedido el decomiso de los rodados para evitar su deterioro y proceder a su subasta pública mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El fiscal Federico Carniel acompañó el pedido y sostuvo que los vehículos fueron adquiridos durante el periodo en el que se cometieron los delitos, y estaban bajo la tenencia y uso de Rodolfo Borda —uno de los principales condenados— y su esposa, María Magdalena Alegre. Ambos tenían cédulas azules y pólizas de seguro a su nombre. Según el fiscal, la utilización de nombres ajenos en los registros formaba parte de la típica maniobra de encubrimiento propia del delito de lavado de activos. La investigación judicial reveló que estos vehículos fueron utilizados en reiteradas ocasiones por los condenados y, en algunos casos, incluso para cruzar la frontera, como lo registró la Dirección Nacional de Migraciones. Los rodados fueron secuestrados durante allanamientos realizados en los domicilios de los implicados y permanecían bajo custodia judicial desde entonces. Cabe recordar que en julio de 2022, fueron condenadas siete personas por el delito de lavado de activos:Miguel Ángel Strzyzowski, el padre de Cecilia que falleció en 2023, Rodolfo Orlando Borda, Víctor Edgardo Hazzi, Cintia Natalia Bordón, Alfredo Aníbal Alegre, María Magdalena Alegre y Olga Bettiana Borda. La sentencia confirmó que los bienes decomisados eran parte del circuito de blanqueo de dinero proveniente de actividades delictivas. Con esta resolución, los vehículos pasarán a disposición de la AABE, que deberá organizar su subasta pública. Lo recaudado será destinado a fortalecer el sistema de prevención y lucha contra el lavado de dinero, conforme lo establece la ley 25.246 y sus modificatorias. "Corresponde el decomiso de los vehículos atento que éstos fueron objeto y dominio de las personas condenadas en autos, en el tiempo de comisión del lavado de activos", sostuvo el fiscal Carniel en su dictamen. En sintonía a ello, falló el Tribunal Oral Federal. Fuente Diario Chaco.