La fiscalía federal le pidió al Banco Central un detalle pormenorizado de las cuentas bancarias, productos financieros y movimientos de fondos desde 2020 hasta la actualidad. La medida fue ordenada en el marco de la causa iniciada a partir de una denuncia presentada por Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización del Chaco, por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales durante la gestión del exmandatario. Según confirmaron fuentes judiciales a Diario Chaco , se libraron oficios a organismos clave como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La intención es detectar movimientos financieros sospechosos, identificar productos bancarios vigentes o ya cerrados, y cruzar esos datos con las declaraciones juradas de los imputados. Jorge Capitanich. La hipótesis fiscal gira en torno al presunto "fraude en perjuicio de la Administración Pública, lavado de activos de origen delictivo agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos". Entre los nombres involucrados en esta etapa, también aparecen Sheina Marlene Waicman y Darío Ariel Zaks. La Justicia solicitó a la UIF que informe si existen reportes de operaciones sospechosas (ROS) que los vinculen, o informes de inteligencia interna. Por su parte, el pedido al BCRA requiere un detalle pormenorizado de las cuentas bancarias, productos financieros, movimientos de fondos desde 2020 hasta la actualidad, y cualquier relación de los mencionados como titulares, cotitulares, apoderados o firmantes. QUÉ DICE EL REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCLA En marzo se conoció un requerimiento de Amad que pone bajo la lupa a varios exfuncionarios provinciales por supuesta manipulación en la adjudicación de tierras fiscales. En ese expediente, el fiscal sostiene que hubo un esquema sistemático de fraude en beneficio de empresas vinculadas a funcionarios y sus familiares. Según el requerimiento judicial, se habrían utilizado decretos y resoluciones irregulares para entregar tierras y otorgar subsidios de forma discrecional. Entre las pruebas presentadas figuran documentación oficial, registros societarios, declaraciones juradas y movimientos bancarios que mostrarían inconsistencias entre ingresos declarados y fondos efectivamente acreditados, lo que habría encendido las alarmas en la Fiscalía. La instrucción judicial avanza con el análisis de la información financiera y patrimonial de los imputados. La Justicia busca determinar si existieron maniobras de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y desvío de fondos públicos a través de empresas pantalla y testaferros. Con el levantamiento del secreto bancario ya autorizado, se espera que en los próximos días la UIF y el BCRA remitan los primeros informes. Fuente Diario Chaco.