Se trata del dinero malversado investigado en la causa y si no cumplen esta medida en un plazo de 10 días hábiles, podría iniciarse la ejecución del patrimonio de la ex mandataria y el resto de los condenados. La investigación determinó que una estructura criminal encabezada por Báez defraudó al Estado por un monto estimado en 85 mil millones de pesos, parte del cual compromete directamente a la exmandataria. En caso de incumplimiento, no solo se embargarían los bienes de Cristina Kirchner, sino también los de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, dado que habrían recibido parte de las propiedades transferidas por su madre. Entre los activos que podrían salir a remate figuran 27 propiedades, cinco cocheras ubicadas en el edificio Madero Center, y dos empresas familiares: Hotesur y Los Sauces, propietarias de hoteles y otros inmuebles. También están bajo custodia judicial 4,6 millones de dólares vinculados a Florencia Kirchner, retenidos en Hotesur, además de otro millón de dólares depositado en una cuenta bancaria a su nombre. En paralelo, Lázaro Báez enfrenta la posible ejecución de al menos 60 propiedades, muchas de ellas localizadas en la región patagónica. La magnitud del fraude queda evidenciada en los contratos de obra pública adjudicados irregularmente a su empresa: aproximadamente el 50% de las obras no fueron terminadas, con un avance promedio de entre el 16% y el 36%, pese a que fueron cobradas en su totalidad. La demanda de que los condenados reparen el daño ocasionado a las arcas públicas había quedado suspendida durante los cuatro años de la gestión de Alberto Fernández. Ahora, se busca que el Estado sea resarcido mediante la ejecución de los patrimonios personales de los involucrados. Fuente Diario Chaco.