La oposición en el Senado busca aprovechar las debilidades parlamentarias de La Libertad Avanza y buscará ingresar y aprobar este jueves 10 al recinto siete proyectos que desafían abiertamente la rígida estrategia económica del presidente Javier Milei. Él ya anticipó que vetará las normas pero los números -en la previa- no parecen alcanzar al Poder Ejecutivo. José Mayans, titular de Unión por la Patria (UxP), anunció junto a otros presidentes de bloque que se autoconvocarán a partir de las 14. Previamente, alrededor de las 10, buscarán coordinar la sesión y sabrán realmente la cantidad de senadores que estarán presentes para poder avanzar. El quorum para abrir el recinto está garantizado con los 34 legisladores de UxP más los radicales Marín Lousteau y Pablo Blanco y la porteña del Pro, Guadalupe Tagliaferri. Hay varios frentes de ataque. Algunas iniciativas vienen con media sanción de la Cámara de Diputados y podrían convertirse en ley, por ejemplo los aumentos a las jubilaciones y pensiones, el incremento del bono para las jubilaciones mínimas (de $70 mil a 110 mil) y la declaración de Emergencia en Discapacidad, donde también se prevé un aumento en las pensiones respectivas. Por otro lado, están las propuestas que impulsan los gobernadores, la cual ya fueron plasmadas con las firmas de los senadores de los diferentes partidos políticos. Allí se busca establecer la coparticipación, es decir una distribución entre las provincias de recursos de los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y lo recaudado del Impuesto a los Combustibles líquidos. Aspiran a eliminar los fideocomisos de Infraestructura de Transporte y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, ambos creados en 2001 por el entonces presidente Fernando de la Rúa. También quieren disolver el fondo del Sistema Vial integrado; el Fondo compensador del Transporte; el Fondo Nacional de la Vivienda; el Fondo especial del Desarrollo Eléctrico del interior. De este modo, la norma estipula que los recursos en cuestión, con la excepción de los combustibles líquidos, serían distribuidos de acuerdo a la ley de Coparticipación: sería del 14,29% para el Tesoro Nacional y del 28,69% para el sistema único de Seguridad Social, para atender las obligaciones del sistema previsional nacional. El 2,55% se destinaría a la compensación del transporte público. Y el mayor porcentaje, el 57,02%, iría para las provincias. Con relación a los ATN establece, en un proyecto específico, que la distribución será entre las provincias, en partes iguales del 25% de lo recaudado, y el 75% restante, de acuerdo con lo que establece la ley de Coparticipación. Estos ATN siempre han sido destinados a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, siendo usados de manera discrecional por el Ministerio del Interior para su asignación. La última iniciativa, fue incluida por la senadora por Río Negro, Mónica Silva, que busca la derogación del Decreto 462/2025, a través del cual el Gobierno decidió transformar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Ahora la gran controversia en torno a la sesión es la definición de los números para alcanzar los dos tercios e imponer las condiciones. El último martes fracasó un intento de reunión de Labor Parlamentaria que convocaron los senadores, de la que participó la vicepresidenta, Victoria Villarruel, pero que nunca convocó. Sin embargo, las señales políticas previas (como el fracaso de Milei que no pudo reunir a los gobernadores para la vigilia por el día de la Independencia en Tucumán) muestran que el enfrentamiento ha llegado a un momento donde el Ejecutivo parece tener demasiados elementos en contra y puede recibir un durísimo revés en el Congreso. Fuente Diario Chaco.