La novedad se conoce tras el rechazo en Diputados del veto de Milei a la ley que aumenta el presupuesto para el sector. Además, se dieron de baja 8.107 prestaciones correspondientes a personas fallecidas y otras 10.038 a beneficiarios que renunciaron. El funcionario explicó que el 60% de los citados para verificar requisitos no se presentó a las auditorías, lo que llevó a la suspensión preventiva de los pagos. El cálculo oficial estima que la medida generará un ahorro de alrededor de 35 mil millones de pesos mensuales. Entre las irregularidades detectadas, Adorni mencionó la presentación de estudios médicos repetidos en distintas solicitudes, como radiografías o ecocardiogramas usados en múltiples expedientes. En Tucumán, por ejemplo, se detectaron casos con la misma radiografía presentada para varias pensiones; y en Chaco, una radiografía de hombro se utilizó en 150 trámites diferentes. La investigación interna, encabezada por el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, apunta a lo que el Gobierno califica como "actividad fraudulenta a gran escala", con un presunto desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares al año. Según datos oficiales, la cantidad de pensiones de este tipo pasó de 79.000 en 2003 a más de 1,2 millones en diciembre de 2023, tras un descenso durante la gestión de Mauricio Macri. El vocero presidencial también comparó la proporción de beneficiarios en Argentina con la de otros países, señalando que en Israel —afectado por conflictos bélicos y atentados— la cobertura alcanza al 3,5% de la población activa, mientras que en Argentina llega al 4,6%. Adorni sostuvo que este número "no corresponde a un país que no sufrió guerras ni catástrofes naturales, pero sí 20 años de administraciones kirchneristas". Desde la ANDIS aseguraron que las auditorías son realizadas por médicos del PAMI y personal especializado, y que no incluyen a menores ni a personas ya auditadas en 2024. El objetivo, remarcaron, es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan, con mayor transparencia y equidad en la distribución de beneficios. El anuncio se conoció días después de que la Cámara de Diputados rechazara el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en discapacidad y aumenta el presupuesto para el sector. El Gobierno cuestionó esa decisión y advirtió que la creación de una nueva pensión implicaría un gasto adicional de más de dos billones de pesos en 2025 y más de cuatro billones y medio en 2026, sin contar el impacto en programas complementarios como "Incluir Salud". Fuente Diario Chaco.