El gobierno de Javier Milei vivió una difícil jornada el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, cuando la oposición logró aprobar proyectos con alto impacto fiscal en salud y universidades, avanzó en reclamos de fondos provinciales y rechazó varios decretos de desregulación del Estado. Sin embargo, desde el oficialismo explican este traspié legislativo como resultado de una combinación de cierres de alianzas provinciales y temáticas sensibles en un año electoral, y aseguran que esta situación no se repetirá cuando se traten los vetos presidenciales. "En esta época del año todos quieren votar causas nobles y cuando ya sabían que iban a aprobarse algunos proyectos muchos no querían quedarse afuera", comentó una fuente cercana a Martín Menem, señalado como responsable de las derrotas por su doble rol de armador político provincial y presidente de la Cámara de Diputados. Entre los factores que, según el oficialismo, incidieron en el resultado adverso, se destacó la pelea electoral en Córdoba. "Tuvo mucho impacto esa interna porque hizo que los diputados de Llaryora no se quisieran levantar porque De Loredo seguía sentado y también impedía que De Loredo se pare", explicaron. Los cuatro diputados peronistas cordobeses no solo votaron a favor de los proyectos, sino que también garantizaron el quórum necesario. Pese a este escenario complicado, no todos los integrantes del bloque libertario coinciden con este diagnóstico. Algunos diputados manifiestan preocupación en privado por la estrategia confrontativa con gobernadores en sus distritos, que podría alejar aliados clave. Por ejemplo, diputados salteños ligados a Gustavo Sáenz y peronistas disidentes de Tucumán, como Osvaldo Jaldo, apoyaron proyectos de financiamiento universitario y emergencia en pediatría, a pesar de haber sido aliados del oficialismo el año anterior. El caso de Jaldo es especialmente relevante, ya que sus tres diputados integraron el grupo de los "87 héroes" que bloquearon el aumento de jubilaciones. En el Senado, la oposición planea avanzar la próxima semana con dictámenes sobre universidades y el hospital Garrahan. Ante esto, el gobierno confirmó que vetará los proyectos aprobados en Diputados, argumentando que ponen en riesgo el equilibrio fiscal. En cuanto a los decretos de desregulación, aseguran que las modificaciones ya realizadas en organismos como el INTI o Vialidad Nacional son irreversibles, restándoles importancia. Además, se espera que antes de fin de mes la oposición intente llevar al recinto proyectos para garantizar fondos a las provincias, posiblemente en una sesión conjunta con la insistencia sobre leyes vetadas por Milei, como el aumento jubilatorio, la moratoria previsional y emergencias en discapacidad y Bahía Blanca. Esta maniobra buscaría fortalecer el quórum y aumentar la presión política sobre el Gobierno. Sin embargo, la oposición no tiene prisa y apuesta a que el cierre de listas eleve el número de legisladores dispuestos a insistir con las leyes vetadas. En particular, siguen con atención la interna del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, donde podrían perderse apoyos clave. Desde el entorno de Menem aseguran que el titular de Diputados no recibió críticas de Casa Rosada, a diferencia de Victoria Villarruel, quien fue hostigada tras la última sesión del Senado. "Vamos a poder sostener los vetos. De los que estuvieron ausentes en la última sesión la mayoría son ‘héroes’ que nos van a acompañar. Hubo mucho principio de revelación y hay que ver cómo se paran después del mensaje de Milei", insistieron desde el oficialismo. El viernes por la noche, en cadena nacional, el presidente Milei explicó las razones por las cuales vetará todos los proyectos aprobados por la oposición. "Aprobar estos proyectos implica tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio", afirmó. Además, desafió al Congreso y anunció un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos con déficit fiscal. La norma propondrá que toda modificación presupuestaria cuente con respaldo de recortes equivalentes y contemplará sanciones penales para quienes incumplan estas reglas. "Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita", detalló el mandatario. Y concluyó instando a los legisladores a "estar a la altura" de las circunstancias. Fuente Diario Chaco.