La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó los recursos presentados por las defensas de ambos y ratificó el procesamiento en su contra. A ambos se los imputa por la presunta comisión de maniobras con el objetivo de poner en circulación fondos de origen ilícito, provenientes de hechos de corrupción o defraudación a la administración pública provincial. "El análisis se profundizó en relación a la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, creada y conducida por los propios encartados, a través de la cual se canalizaron millonarios fondos públicos", indica el fallo. En ese sentido, se detalló que la fundación tenía la particularidad de trabajar casi de forma exclusiva para el Estado provincial, "facturando cifras crecientes año tras año: más de $ 35.125.194 al Ministerio de Infraestructura y más de $ 15.368.385 al IAFEP en 2022, llegando en 2023 a facturar $ 186.032.861 al mismo organismo. También evaluó que las acreditaciones bancarias ascendían a más de $ 140.953.467 sólo en el primer semestre de 2023, montos que eran retirados en efectivo, en su gran mayoría, por el propio Sena, modalidad que impedía todo control de trazabilidad y resultaba compatible con un circuito de reciclaje de dinero". Asimismo, se tomó consideración por el informe judicial sobre la fundación en la que se detectó "un faltante de más de $ 62.781.127 y la falta de aplicación de fondos destinados a la construcción de cuarenta viviendas sociales, constatándose que las obras nunca se habían iniciado pese a que se habían entregado anticipos millonarios. Dichas irregularidades evidenciaban no sólo el desvío de recursos públicos, sino también la existencia de delitos precedentes como el fraude a la administración provincial y corrupción, a partir de los cuales se habría nutrido el dinero luego sometido a operaciones de lavado". En cuanto a la actividad contable, se destacó la sobrevaluación de gastos "en los balances de la fundación, en tanto que el rubro ‘mano de obra y materiales’ mostró un incremento del 454% de un ejercicio al otro, mientras que los ‘gastos de personal del centro de salud’ crecieron un 477%, todo ello sin respaldo documental ni empleados registrados". Ante ese panorama, el Tribunal por mayoría resolvió no hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos y "confirmar el auto de procesamiento en su contra, en todo lo que fuera materia de impugnación". Fuente Diario Chaco.