Estela Díaz reconoció que, antes de asumir en 2019, ya circulaban versiones sobre las sospechas. La causa tiene como principales imputados a Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, quienes acumulaban denuncias desde 2014 sin avances significativos. El interrogante central que atraviesa el expediente es por qué se tardó más de diez años en actuar, mientras los acusados ganaban visibilidad y peso político. La investigación fue reactivada por la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2, tras la aparición de nuevas víctimas y la apertura de otro expediente a mediados de 2025. En paralelo, se conoció que la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense, Estela Díaz, habría asumido su cargo en 2019 con conocimiento de los rumores y denuncias que circulaban sobre la pareja, aunque sostuvo que sin causas judiciales activas "es muy delicado decidir cómo intervenir". Recién en octubre de 2024, el Ministerio tomó intervención formal tras el pedido de auxilio de una empleada del Senado, quien luego denunció penalmente. Uno de los puntos más sensibles del caso es el rol de Melina Gaudino, señalada como la "falsa abogada" que habría funcionado como engranaje clave de encubrimiento, haciéndoles creer a las víctimas que estaban siendo representadas legalmente. El abogado Claudio Yacoy denunció que Gaudino inventaba gestiones judiciales inexistentes, retrasando denuncias y garantizando impunidad. Pese a haber sido desplazada del Estado por no contar con título habilitante, Gaudino logró reinsertarse en distintos organismos públicos hasta 2025. Mientras los imputados permanecen detenidos y se dictaron órdenes de alejamiento, la fiscal Lacki solicitó unificar todas las causas vinculadas a la cúpula de La Capitana. La definición de la competencia quedará ahora en manos de los jueces de garantías Juan Pablo Masi y Pablo Nicolás Raelle. Fuente Diario Chaco.