La presidente interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía general que abarcará todo el período de violencia política desde 1999 hasta la actualidad, a pocas semanas de haber asumido el poder tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro durante una incursión militar de Estados Unidos. El anuncio fue realizado durante la apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y transmitido por la cadena estatal Venezolana de Televisión. Rodríguez explicó que el proyecto de ley será enviado con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista. Según sostuvo, la iniciativa busca "reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y el extremismo, y reencauzar la convivencia entre los venezolanos". En ese marco, pidió a los presos políticos y a quienes reciban medidas de excarcelación que no prevalezcan "la venganza, la revancha ni el odio". La propuesta excluye de la amnistía a personas procesadas o condenadas por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, el texto completo aún no fue difundido, por lo que no están claros los criterios específicos que definirán quiénes serán alcanzados por el beneficio. El anuncio se da en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, que avanzó de manera paulatina. De acuerdo con la organización Foro Penal, actualmente 711 personas permanecen detenidas por motivos políticos, aunque desde el inicio de la nueva gestión 302 presos fueron liberados. Sin embargo, la ONG advierte que más de 11.000 personas continúan con restricciones arbitrarias de su libertad. Durante el mismo acto, Rodríguez anunció el cierre de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, señalada por organizaciones de derechos humanos y por la oposición como un centro de torturas. Según indicó, el edificio será reconvertido en un centro social, deportivo, cultural y comercial, destinado a la familia policial y a las comunidades aledañas. Diversas organizaciones no gubernamentales, entre ellas Provea, Surgentes, el Comité de Madres por la Verdad y Foro Penal, reclamaron durante años una amnistía amplia para quienes consideran presos políticos. Días antes del anuncio presidencial, estos espacios habían presentado una propuesta que incluía a luchadores sociales, periodistas, militares y activistas perseguidos o detenidos en el marco de protestas y procesos electorales. La iniciativa fue recibida con cautela por los organismos de derechos humanos, que subrayan la necesidad de que la amnistía no sea concebida como un acto de clemencia, sino como la restitución de derechos fundamentales. En ese sentido, remarcaron que muchas de las personas encarceladas lo fueron por ejercer derechos protegidos por la legislación venezolana y por tratados internacionales. Fuente Diario Chaco.