Bajo la apariencia de planes de vivienda para comunidades indígenas sumidas en la indigencia, el clan liderado por José Héctor Hipperdinger montó una maquinaria de desvío de fondos que transformó la emergencia humanitaria de El Impenetrable en hoteles, propiedades de lujo y flotas de vehículos de alta gama. El esquema delictivo, que operó con impunidad entre 2011 y 2016, se basó en la desnaturalización total de programas federales destinados a mitigar el "exterminio silencioso" de los pueblos originarios, reconocido incluso por la Corte Suprema de Justicia. Mientras miles de familias esperaban un techo digno, la justicia probó que de las 2.448 viviendas adjudicadas, el 78% nunca se terminaron o ni siquiera se iniciaron, a pesar de que el Estado Nacional transfirió más de 1.000 millones de pesos a una red de cooperativas controladas por los hoy condenados. Estas entidades funcionaban como meras "cáscaras" vacías: sus integrantes, muchas veces personas analfabetas, eran trasladados a los bancos para firmar cheques y cobrar fondos que inmediatamente quedaban en poder del grupo familiar. Un patrimonio construido sobre el despojo La sentencia detalla una contradicción social obscena. Mientras en Villa Río Bermejito la desnutrición y el Mal de Chagas seguían cobrando vidas, José Hipperdinger —entonces secretario de Gobierno municipal— y su núcleo familiar experimentaban un crecimiento patrimonial que la justicia calificó de "exponencial" e injustificable para sus ingresos declarados. El fallo identifica la creación de empresas ad hoc, como JOA SH y TECNEA, diseñadas exclusivamente para captar recursos públicos y lavarlos a través de inversiones inmobiliarias y comerciales. El inventario de la corrupción es extenso: hoteles bautizados con nombres familiares, complejos de cabañas turísticas construidas con los mismos prototipos de las viviendas sociales que debían entregar a los aborígenes, estaciones de servicio, supermercados y una colección de vehículos que incluía modelos de Audi, BMW y un Chevrolet Camaro. El tribunal fue contundente al señalar que el poder e influencia ejercidos por los acusados les permitieron acceder y manipular recursos destinados a los ciudadanos más vulnerables en beneficio propio, configurando delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Justicia tras años de impunidad Este hito judicial, impulsado originalmente por denuncias de la ex legisladora Ana María Canata y el periodista Luis Alberto Mancini, expone la desidia de los organismos de control que permitieron el desvío sistemático de fondos durante años. La condena alcanza no solo a José Héctor Hipperdinger, sino también a su hijo, el abogado Héctor Adrián Hipperdinger, sus hijas Adriana y Silvia, y su esposa Rosana Giménez, entre otros implicados que formaban parte de esta estructura de saqueo organizado. Más allá de las cifras millonarias y los bienes decomisados, la sentencia de los jueces Juan Manuel Iglesias, Fabián Gustavo Cardozo y Eduardo Ariel Belforte deja un mensaje institucional sobre la ética en la función pública. El fallo subraya que no se trató de errores administrativos, sino de un plan criminal ejecutado con "unidad de designio" para apropiarse de los recursos que debían reparar desigualdades históricas. En las polvorientas calles de El Impenetrable, el eco de esta sentencia resuena como un acto de justicia tardío para quienes, después de décadas, siguen esperando que el Estado cumpla su promesa de una vida digna. Fuente Alerta Urbana.