La ceremonia se realizó el 28 de enero en una parroquia de la capital. Tras la repercusión pública, el Arzobispado declaró la nulidad canónica del vínculo. La pareja había contraído matrimonio católico luego de cumplir —según indicaron— con los requisitos habituales exigidos por la parroquia. La ceremonia se realizó con los nombres consignados en sus documentos nacionales de identidad y no con los registrados en sus partidas de bautismo. Ayala sostuvo que inicialmente consideraban imposible acceder al matrimonio religioso, pero que el sacerdote a cargo les manifestó que no encontraba objeciones para avanzar. Según relató, el argumento fue que, desde una perspectiva biológica, se trataba de "un varón y una mujer", por lo que podían recibir la bendición sacramental. Tras la difusión del casamiento, el 8 de febrero el arzobispo de Corrientes, monseñor José Adolfo Larregain, emitió un comunicado en el que aclaró que la celebración no contaba con su autorización. Señaló que el matrimonio, en cuanto sacramento, requiere el cumplimiento decondiciones esenciales establecidas por el Derecho Canónico para su validez y licitud. El Arzobispado indicó además que no recibió la documentación eclesiástica correspondiente y advirtió que la omisión de requisitos puede generar confusión entre los fieles. En declaraciones posteriores, Larregain explicó que el vínculo debía considerarse nulo "ipso facto" por no ajustarse a las exigencias canónicas. Por su parte, el párroco Fernando Luis Gómez afirmó que la comunidad actuó conforme a su orientación pastoral y anunció que se reforzarán los procedimientos de entrevista y verificación para resguardar la validez de los sacramentos. Hasta el momento, no se difundieron nuevos comunicados tras la decisión final. Fuente Diario Chaco.