La solicitud fue presentada ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el marco del juicio por la expropiación de YPF. La solicitud se da luego de la decisión de la jueza Loretta Preska, quien había autorizado avanzar con la etapa de exhibición y producción de documentos, incluyendo el acceso a comunicaciones de funcionarios y exfuncionarios argentinos. El organismo que encabeza el procurador Sebastián Amerio presentó una moción de emergencia para frenar esta instancia del proceso judicial. En el escrito también se pidió suspender el tratamiento del requerimiento de sanciones y la audiencia probatoria prevista entre el 21 y el 23 de abril. Según se indicó en la presentación, el pedido se basa en "fundamentos sólidos" que podrían permitir revertir la decisión apelada. Entre los argumentos se mencionan la "incorrecta aplicación del derecho argentino" y el principio de forum non conveniens, que plantea que el caso debería tratarse en otra jurisdicción. Además, los abogados del Estado sostuvieron que la continuidad del proceso de discovery podría provocar un "perjuicio irreparable para la soberanía nacional" y afectar la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de las relaciones financieras del país. En el escrito también se destacó que la Argentina cumplió con las órdenes judiciales dictadas hasta el momento, entregando más de 117.500 páginas de documentación y facilitando cerca de 37 horas de testimonios de siete funcionarios de alto rango. A esto se sumaron más de 800 páginas adicionales y 86 notas de voz. Sin embargo, los demandantes solicitaron que el país sea declarado en desacato y que se apliquen sanciones, una posibilidad que el Gobierno consideró "improcedente y desproporcionada". En paralelo, la defensa argentina señaló que recibió respaldo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que presentó ante el tribunal un documento en apoyo a la postura del país. Finalmente, desde la Procuración del Tesoro afirmaron que continuarán utilizando todas las herramientas legales disponibles para defender los intereses del Estado. En ese sentido, remarcaron que se mantendrá una estrategia jurídica destinada a resguardar la soberanía nacional y el cumplimiento de los principios del derecho internacional público. Fuente Diario Chaco