Cuando el personal de la Gendarmería Nacional estaba por empezar a hacer la inspección en el vehículo, el conductor exclamó: “¡Por favor, no quiero que me rompan la camioneta. Déjenme mostrarles cómo se quita!”. Se refería a los plásticos colocados cerca de la palanca de cambios y del tablero. Los uniformados siguieron con su tarea y poco después descubrieron el secreto: 357 millones de pesos ocultos en diferentes compartimientos. Era el 28 de marzo del año pasado. Casi un año después, el operativo protagonizado por los gendarmes en la ruta nacional 12, a la altura del paraje El Timbó, en Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe, derivó en una causa por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. El vehículo, un Toyota Corolla Cross, había iniciado el viaje en Resistencia, Chaco, y se dirigía a la ciudad de Buenos Aires. En los últimos días, cuatro personas fueron imputadas por la Justicia. Se trata del conductor del vehículo donde estaban ocultos los 357 millones de pesos, dos accionistas de una empresa de Chaco y un cuarto sospechoso. Para los fiscales el hombre que trasladaba el dinero “no era un conductor improvisado” sino que integraba “un circuito regular, reiterado y coordinado” El dinero estaba oculto en compartimientos colocados en el tablero, detrás de la salida del aire acondicionado y del sistema de sonido, por debajo del volante y la gaveta y en el sector de la palanca de cambios. La investigación está a cargo del fiscal Roberto Salum, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, y el auxiliar fiscal Bruno Ojeda. En la audiencia donde quedaron imputados los cuatro sospechosos, los representantes del Ministerio Público Fiscal concluyeron que la maniobra de traslado del dinero interceptado “no se trató de un hecho aislado o circunstancial”, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación. Para los fiscales Salum y Ojeda el hombre que trasladaba el dinero “no era un conductor improvisado” sino que integraba “un circuito regular, reiterado y coordinado” del que formaban parte también los otros tres imputados. “El fiscal Salum recordó que el automóvil pertenecía a P. M. T. [uno socio y administrador de la empresa investigada]. El vehículo fue acondicionado para disimular el dinero con el fin de evitar que sea detectado en controles por parte de las fuerzas de seguridad”, se explicó en www.fiscales.gob.ar. El fiscal Salum dijo que los sospechosos preconstituyeron un documento titulado “autorización para el uso de automóvil y administración de dinero”, que fue incautado al conductor, y que cubría una suma de hasta 800 millones de pesos. El papel contaba con una certificación notarial fechada el 20 de marzo de 2025. “El objeto de esa autorización era una especie de resguardo en caso de que el dinero transportado de forma clandestina fuera descubierto en algún control”, afirmó el fiscal. El representante del Ministerio Público explicó que “la investigación puso al descubierto una actividad habitual de la sociedad, cuya estructura era utilizada para que el dinero transportado tuviera cierta apariencia de legitimidad y para atravesar controles en ruta y su traslado hasta el destino, donde, mediante alguna de las maniobras típicas, se volcaran blanqueados al sistema legal”. Esa actividad fue atribuida a la sociedad, a sus dos socios y al conductor del vehículo, quien ofrecía el servicio a través de comunicaciones telefónicas y atendía a los clientes en las oficinas de la empresa. Según expuso el fiscal, el vehículo presentaba “una frecuencia inusual de viajes cada dos días a las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que no encontraba respaldo en ninguna de las actividades comerciales declaradas por la sociedad. Los dos accionistas de la empresa y el conductor del vehículo fueron imputados como coautores del delito de lavado de activos por receptación y la intermediación financiera no autorizada En la citada audiencia se imputaron, al menos entre 2024 y 2025, de forma continua y en un número indeterminado, la compraventa de dólares y euros sin autorización, bajo la fachada de la empresa y con el objetivo de luego insertar ese dinero al circuito legal. El mes pasado se hizo un allanamiento en la sede de la empresa bajo sospecha, donde se secuestraron 8.000.000 de pesos, dos máquinas contadoras de billetes con un detector; seis llaves de diferentes vehículos y talonarios de recibos y de pagarés, en pesos y en dólares estadounidenses. Para la fiscalía, eso indica que en el lugar se desarrollaba la actividad de intermediación financiera no autorizada, en la modalidad de compra venta de divisas, bajo la fachada de la empresa de repuestos, sin autorización para esa actividad por parte del Banco Central de la República Argentina. El MPF sostuvo en la audiencia que la maniobra investigada se ejecutó en el marco de una estructura organizada utilizada para el transporte, ocultamiento y aplicación posterior de dinero de origen ilícito, constituyendo así un supuesto de lavado de activos por receptación producto, al menos en parte, de la intermediación financiera no autorizada”. Los dos accionistas de la empresa y el conductor del vehículo fueron imputados como coautores del delito de lavado de activos por receptación y la intermediación financiera no autorizada. El cuarto sospechoso solo fue acusado del delito de lavado de activos. El juez de Garantías Aldo Mario Alurralde, les impuso a los imputados un embargo cautelar de $2000 millones. Fuente La Nación.