El Gobierno de Javier Milei resolvió avanzar en la redacción de un nuevo Código Penal, una reforma de fondo que apunta a reemplazar el esquema vigente, aunque sin fechas precisas para su presentación. La decisión fue comunicada en medio de una estrategia más amplia que combina transformaciones estructurales con medidas de aplicación inmediata. En paralelo, la administración libertaria prevé enviar al Congreso una serie de proyectos "de transición" destinados a endurecer las penas. Se trata de iniciativas que funcionarían como puente mientras se elabora el nuevo texto integral, con el objetivo de dar respuestas rápidas a la demanda social en materia de seguridad. La definición surgió tras una reunión entre el presidente y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien confirmó que el Ejecutivo decidió retomar la reforma penal. Según explicó, la redacción del nuevo Código buscará estar "a la altura de los desafíos actuales", aunque sin precisar plazos para su finalización. Mientras tanto, el paquete de medidas transitorias incluirá el agravamiento de condenas y la incorporación de nuevas figuras delictivas. Entre ellas aparecen delitos migratorios, estafas piramidales, robos bajo la modalidad de "viuda negra", salideras, entraderas y hechos cometidos por motochorros. También se prevén sanciones específicas para conductas como el daño a animales, la tenencia de armas dentro de cárceles y la organización de picadas. El enfoque oficial pone el acento en las víctimas y en la necesidad de actualizar el catálogo penal frente a modalidades delictivas que se multiplicaron en los últimos años. El origen del proyecto se remonta a iniciativas impulsadas durante la gestión anterior en el área de Seguridad, que ya buscaban modernizar el Código vigente desde 1921. Esa versión incluía endurecer penas en delitos como homicidios, robos, narcotráfico, trata y pornografía infantil, además de eliminar la prescripción en algunos casos graves. En la Casa Rosada admiten que el nuevo Código Penal no tiene aún un calendario definido, pero sí una prioridad política: avanzar en la primera etapa del período legislativo. La intención es instalar una agenda de mayor dureza frente al delito, en línea con el discurso oficial sobre seguridad. Fuente Diario Chaco.