Ramón "Tito" López, Carlos Barraza, Jorge Bregui, Osmar Quintín Gómez, Marcelo Gauto, Emerenciano Sena y Marcela Acuña son dirigentes sociales actualmente investigados por la Justicia federal y provincial por diversos delitos, algunos de ellos por fraude a la administración pública y lavado de activos. Previamente, durante la anterior gestión del Ejecutivo provincial, una dirigente piquetera confesó haber robado mercaderías destinadas a los sectores más vulnerables, que luego vendía, lo que resultó en su condena. Quién es y que hizo Vanesa López, la temida piquetera que confesó sus ilícitos ante la Justicia. La Justicia Federal de Resistencia condenó a la dirigente piquetera Vanesa Elizabeth López, junto a su esposo Walter Liva y Claudio Rubén Ojeda, por lavado de activos. El fallo fue dictado el 31 de octubre de 2023 por el Juez de Cámara Juan Manuel Iglesias, quien encontró acreditado que los acusados obtuvieron fondos ilícitos a través de la desviación de mercaderías destinadas a sectores vulnerables, bienes que luego fueron blanqueados mediante la compra de vehículos de alto valor. La causa se originó tras una exhaustiva investigación sobre irregularidades en el patrimonio de López, referente social del Barrio Toba en Resistencia y tras el alevoso desvío de un camión con mercaderías. Según las pruebas presentadas, la piquetera desvió mercaderías que recibía del Ministerio de Desarrollo Social del Chaco, destinadas a la distribución entre los vecinos, que, en lugar de llegar a su destino, eran vendidas a terceros. Las investigaciones revelaron que los ingresos de los tres imputados, empleados públicos de la provincia, no eran suficientes para justificar las adquisiciones de los vehículos registrados a su nombre. Según los recibos de haberes presentados en la causa, López percibía un sueldo de $ 22.782, Liva de $ 19.437 y Ojeda de $ 32.086 (todos de 2021). A pesar de estos ingresos modestos, entre los tres adquirieron una lista de vehículos que incluía camionetas RAM 1500, motocicletas Yamaha y Volkswagen Amarok , cuyos valores superaban ampliamente sus ingresos. MODOS OPERANDI El esquema ilícito detallado en la sentencia describe cómo López utilizaba la Cooperativa de Trabajo Juventud Santa Catalina, constituida en 2012, para desviar fondos y bienes. A través de la cooperativa, que realizaba trabajos de refacción y limpieza en establecimientos educativos, López y su círculo cercano recibían transferencias directas del Ministerio de Desarrollo Social a la cuenta bancaria de la cooperativa. Estos fondos, destinados a pagar a los socios de la cooperativa, eran retirados en efectivo y utilizados para fines personales. Durante la investigación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas detectó inconsistencias en los movimientos bancarios y patrimoniales de los acusados, lo que derivó en la apertura de la causa por lavado de activos. En una audiencia de juicio abreviado, los imputados reconocieron los hechos que se les imputaban, allanando el camino para una condena sin necesidad de atravesar un juicio extenso. La Fiscalía, representada por el Fiscal Subrogante Horacio Francisco Rodríguez, acordó con los acusados una pena por los delitos cometidos. LA CONDENA Tras valorar las pruebas, el juez Iglesias concluyó que los fondos obtenidos por los acusados provenían de actividades ilícitas, principalmente la venta de mercaderías destinadas a la ayuda social, que fueron posteriormente blanqueados a través de la compra de vehículos. El magistrado detalló en su sentencia los bienes adquiridos por los acusados, incluyendo motocicletas y camionetas de alta gama, cuyas titularidades no podían ser justificadas con los ingresos declarados. Por ello, se impuso a cada uno de los acusados una pena de tres años de prisión en suspenso, así como una multa de dos veces el valor de las operaciones ilícitas realizadas. El fallo sienta un precedente en el marco de las causas que actualmente se están tramitando, pero también pone en evidencia las falencias en los mecanismos de control de la distribución de ayuda social en la provincia, lo que permitió el enriquecimiento ilícito de sus principales actores. Fuente Diario Chaco.