El Ejecutivo nacional denunció, tras las auditorías, que en Chaco más del 60% de los beneficiarios no cumplía con los requisitos para cobrar una pensión no contributiva por invalidez laboral. Dichas auditorías están a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y se realizaron a más de 1.250.000 personas que percibían las pensiones. La provincia fue centro de estos operativos porque, durante la gestión de Jorge Milton Capitanich, se detectaron irregularidades en relación a este tema. En estos procedimientos llevados a cabo por ANDIS, se notificó y citó a un total de 2.689 beneficiarios, de los cuales 2.344, es decir, un 87.17%, asistieron a la convocatoria. Sin embargo, lo sorprendente fue el resultado, ya que solo 365 de los auditados (13.58%) cumplen con los requisitos para percibir el beneficio, mientras que 1.796 (66.79%) personas no son aptas. Las autoridades anunciaron que serán dadas de baja. Por otra parte, el 12.83% directamente no se presentó a las auditorías, es decir, un total de 345 beneficiarios. Además, otros 183 casos (6.81%) se encuentran actualmente en "fiscalización médica". Es preciso remarcar que el monto percibido por cada beneficiario representa el 70% de una jubilación mínima. El objetivo de estas investigaciones es obtener transparencia en los procesos y que los beneficios lleguen a quienes realmente lo necesitan. Asimismo, se develaron casos inverosímiles que revelaron corrupción en varias áreas, no solo en el organismo encargado de otorgar las pensiones. Están involucrados médicos y funcionarios, por ejemplo, ya que se habla de certificados truchos y falta de control por parte de quienes debían regular la entrega. Se estima, según el informe de la ANDIS, que durante la presidencia de Alberto Fernández, el desvío de fondos fue del 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad. Es decir, unos 3.400 millones de dólares anuales. Cabe mencionar que, en los últimos días, se realizaron auditorías en la localidad de Juan José Castelli, donde más del 50% no asistió. Además, se están investigando 5.000 casos en Las Breñas, Presidencia La Plaza, General San Martín y Castelli. Asimismo, es preciso recordar que las indagaciones por parte de la Justicia en torno a esta problemática comenzaron en agosto del año pasado, y las investigaciones están a cargo del fiscal Carlos Amad. Lo que desató el análisis de los beneficiarios fue la existencia de posibles pensiones falsas por invalidez en Taco Pozo, por lo que se solicitaron informes a otras localidades. Fuente Diario Chaco.