Esto permitiría aplicar penas más duras tanto a sus integrantes como a los dirigentes que colaboren con ellos. El eje central del proyecto es la tipificación de las barras bravas como organizaciones criminales. De esta manera, sus actividades podrán ser consideradas delitos de asociación ilícita, con penas de dos a cuatro años de prisión para quienes realicen acciones como transportar armas o revender entradas de protocolo. Además, los dirigentes de clubes que entreguen entradas o mantengan connivencia con las barras podrán enfrentar sanciones de hasta seis años de prisión. El proyecto también se enfoca en eliminar los negocios ilícitos asociados al fútbol, como el control de estacionamientos por "trapitos" en las inmediaciones de los estadios, una práctica que será castigada penalmente. La intención es cortar las fuentes de financiamiento que sostienen a estas organizaciones, que lucran mediante amenazas y extorsión. Otra de las medidas clave es el endurecimiento del régimen de inhabilitación administrativa. Las autoridades podrán prohibir el ingreso a los estadios a personas imputadas por delitos, incluso sin una sentencia firme. Ejemplos recientes de esta política incluyen las restricciones impuestas a Rafael Di Zeo y "Skeletor" Maciel, dos líderes de "La 12", la barra de Boca Juniors, quienes fueron imputados por tenencia de armas. Si los imputados resultan condenados, además de cumplir su pena, se les prohibirá permanentemente el acceso a espectáculos deportivos. El proyecto también responsabiliza a los organizadores de eventos deportivos que permitan el ingreso de armas o faciliten el acceso de personas con impedimentos legales. Esta medida busca cerrar cualquier brecha que permita a las barras operar con impunidad dentro de los estadios. Fuente Diario Chaco.