El juez federal Sebastián Casanello dio por cerrada la investigación y dispuso que Eduardo Belliboni y otras 17 personas vayan a juicio oral. La resolución fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, tras el pedido del fiscal Gerardo Pollicita y de los organismos querellantes. LAS ACUSACIONES Belliboni está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y coacción a personas en situación de vulnerabilidad económica. Según la investigación, entre 2020 y 2024 el Polo Obrero manejó hasta 65 mil planes sociales, de los cuales se retenía un porcentaje del dinero asignado a cada beneficiario. La causa también alcanza a referentes nacionales del Polo Obrero como Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Elizabeth del Carmen Palma, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez, entre otros. EL MECANISMO DE RECAUDACIÓN Y DESVÍO DE FONDOS De acuerdo al expediente judicial, el Polo Obrero y la cooperativa "El Resplandor Limitado" canalizaban parte de los fondos públicos a empresas fantasmas, como Coxtex —calificada por AFIP como firma apócrifa—, para justificar compras inexistentes. Estos fondos luego eran usados para financiar la campaña electoral del Partido Obrero y otros fines privados. Entre las firmas implicadas también figuran Ediciones e Impresiones Rumbos (la imprenta del PO), Ricoprint, Urban Graphics, Miniso Trade y Carlos Monfrini. En total, se desviaron al menos $ 40 millones de los $ 360 millones recibidos como unidades de gestión del Potenciar Trabajo. EXTORSIÓN A BENEFICIARIOS: ASISTENCIA OBLIGATORIA Y SANCIONES Uno de los elementos clave incorporados al expediente es una libreta de asistencia titulada "Cuaderno de movilizaciones Rivadavia 1", que detallaba la participación de los beneficiarios en marchas organizadas por el Polo Obrero. Se registraban puntualidad, ausencias y hasta sanciones. Aquellos que no asistían eran castigados con descuentos o pérdida del plan, lo que refuerza la hipótesis de un sistema de extorsión sistemático. En los allanamientos, la Justicia también encontró documentos internos que contenían hojas de cálculo con nombres, observaciones personales y evaluaciones del "compromiso" de cada beneficiario. Además, se recolectaron mensajes de WhatsApp y correos electrónicos donde los referentes exigían participación obligatoria en las movilizaciones bajo amenaza de sanciones. HACIA EL JUICIO ORAL El juez Casanello determinó que existen pruebas suficientes para llevar a juicio a Belliboni y al resto de los imputados. Según el magistrado, "lo público se confundió con lo privado" al utilizar fondos estatales con fines partidarios y mecanismos coercitivos para sostener una estructura política. El proceso judicial avanzará en las próximas semanas con la definición del tribunal que estará a cargo del juicio oral y la fijación de fechas para las audiencias. Fuente Diario Chaco.