Una compleja maniobra de estafa y lavado de dinero quedó al descubierto en el interior de Chaco en 2021, luego de una investigación que se originó con una denuncia en la Fiscalía Federal de Resistencia y terminó con una condena firme contra Aida Mabel Borda y su familia, tras la aceptación de un juicio abreviado. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia el 10 de julio de 2023 y confirmó la participación de una banda familiar que operaba bajo la apariencia de gestionar beneficios sociales de ANSES . Según la Justicia, los acusados captaban a beneficiarias vulnerables mediante engaños, accedían a su información personal y luego las extorsionaban para apropiarse de parte de sus haberes. Sin embargo, en 2023 se inició una nueva causa a partir de la ampliación de la denuncia contra la familia, esta vez por presuntas nuevas víctimas. No obstante, la defensa del grupo sostiene que todos sus integrantes ya se encontraban detenidos —y posteriormente con prisión domiciliaria— al momento en que se habrían cometido los hechos que se les atribuyen. Además, la nueva dirección IP detectada en las operaciones fraudulentas corresponde a la ciudad de Sáenz Peña y podría incluso pertenecer al estudio jurídico de un allegado a los procesados. "ELLA ME DIJO QUE TRABAJABA EN ANSES", ASÍ EMPIEZA LA HISTORIA Todo comenzó con la denuncia de Verónica Gloria Fernández, madre de siete hijos, quien relató que en mayo de 2021 fue contactada por una mujer que se identificó como "Mabel", a través de una intermediaria. "Me dijo que, además de la pensión, me correspondía cobrar por los chicos y me pidió una serie de papeles para realizar el trámite. También me aseguró que trabajaba en ANSES ", declaró Fernández ante la Fiscalía. La denunciante entregó la documentación y en agosto de 2021 cobró por primera vez: recibió $ 68.000, pero Mabel le exigió $ 35.000 a cambio. "Te avisa por mensaje que te busca, te lleva hasta el cajero, anda siempre con el hijo y la nuera y nunca se baja del vehículo, una camioneta Toyota gris", detalló. La situación se volvió más tensa cuando, en octubre, Verónica le dijo que no podía ir al cajero porque tenía un bebé: "Entonces se enojó y me mandó un audio diciendo que si no le pagaba el lunes, su parte iba a dejar de cobrar, porque ella tenía que pagar el aporte…". La mujer decidió consultar directamente en ANSES, donde le informaron que Aida Mabel Borda no trabaja en el organismo, y que además no le correspondía percibir dos beneficios, por lo que le recomendaron realizar la denuncia para evitar ser perjudicada. LA INVESTIGACIÓN: NOMBRES, TARJETAS, Y CASI UN MILLÓN DE PESOS EN EFECTIVO La denuncia de Fernández destapó una red mucho más grande. La Fiscalía inició una causa por "fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos", que terminó con allanamientos en los domicilios de Sáenz Peña y Quitilipi, este último donde vivían Aida Borda, su esposo Rubén Enrique Brousser y sus hijos Enzo Gabriel y Marlene Ayelén. Anses Resistencia. Durante los operativos, se incautaron pruebas clave: Tickets de cajeros automáticos del Banco Nación y del Nuevo Banco del Chaco, agendas con datos sensibles de terceros (nombres, CUIL, fechas), tarjetas de débito de distintos bancos a nombre de distintas personas, dos automóviles: una Toyota Hilux y un Volkswagen Voyage, casi un millón en efectivo y documentos de identidad presuntamente falsos. EL MODUS OPERANDI: FALSAS PROMESAS Y CONTROL DEL DINERO AJENO La fiscalía reconstruyó que Borda y su familia ofrecían tramitar beneficios sociales, presentándose como empleados de ANSES, y una vez que las víctimas accedían, les solicitaban datos personales, CUIL, claves bancarias y tarjetas de débito. Luego, eran acompañadas por la banda hasta los cajeros automáticos y se les exigía la entrega de parte del dinero cobrado, bajo amenaza de perder el beneficio. Incluso en los audios incorporados a la causa, Aida Borda presionaba a las víctimas: "Si no me pagás el lunes, dejo de hacerte el trámite porque yo tengo que pagar el aporte". JUICIO ABREVIADO Y CONDENAS El 29 de junio de 2023, la Fiscalía, junto al defensor Juan Esteban Pockorny y los acusados, acordaron un juicio abreviado, aceptado por el Tribunal. La causa quedó consolidada jurídicamente sin apelaciones, y las condenas son las siguientes: Aida Mabel Borda: condenada por fraude en perjuicio de la administración pública, amenazas y lavado de activos, en concurso real, como miembro de una banda organizada, con habitualidad. Rubén Enrique Brousser (esposo), Enzo Gabriel Brousser (hijo) y Marlene Ayelén Brousser (hija): condenados por fraude y lavado de activos, también con habitualidad y como parte de la organización. 2025, LA NUEVA CAUSA POR LA QUE PODRÍAN SER CONDENADOS Este martes, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó un recurso presentado por la defensa de Borda, Rubén Enrique Brousser y Enzo Brousser, quienes habían solicitado la nulidad de una ampliación de indagatoria al considerar que el relato de los hechos era vago e impreciso. El fallo fue dictado el 8 de abril por los jueces Enrique Bosch y Patricia Beatriz García. La defensa, encabezada por el abogado Juan Esteban Pockorny, cuestionaba la claridad y especificidad de la acusación formulada durante una audiencia de ampliación realizada en febrero de este año. Sostenía que sus defendidos no contaban con una descripción concreta que les permitiera ejercer adecuadamente su defensa. Sin embargo, tanto la jueza de primera instancia como el Ministerio Público Fiscal rechazaron ese planteo. El fiscal interviniente argumentó que el requerimiento de instrucción y su posterior ampliación detallaban los hechos imputados y que los acusados tuvieron acceso total a las pruebas, además de haber sido notificados con la debida antelación para preparar su defensa. La Cámara coincidió con ese análisis y remarcó que no se puede declarar la nulidad de un acto procesal "por la nulidad misma". Según el tribunal, debe existir un perjuicio concreto que afecte una garantía constitucional, algo que no se evidenció en este caso. El fallo repasó que en la ampliación de la imputación se detalló que desde una dirección IP del domicilio de Rubén Brousser se ingresó a la cuenta fiscal del contribuyente Lucas Antonio Cáceres sin su autorización, y se cargaron formularios 931 de la AFIP. Estos hechos fueron calificados provisoriamente como violación al artículo 153 bis del Código Penal, por acceso no autorizado a datos informáticos, y al artículo 174 inciso 5, por fraude contra la administración pública. Fuente Diario Chaco.