Hace unos días, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó el recurso presentado por la defensa del intendente de Taco Pozo, Carlos Antonio Ibáñez , quien buscaba la nulidad de su imputación en una causa por presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones no contributivas. Ibáñez, que ya cuenta con un auto de procesamiento en el expediente, está acusado por el delito de defraudación a la administración pública. Su abogada, Adriana Gisela De Langhe, había promovido la nulidad ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña en septiembre del año pasado. Alegó que los cargos eran imprecisos, que la acusación se basaba únicamente en la denuncia inicial y que se le habían formulado preguntas sobre hechos no incluidos en la imputación original durante una ampliación de indagatoria realizada el 3 de septiembre. La defensa denunció que se violaron garantías constitucionales como el derecho a defensa y el debido proceso. Sin embargo, tanto el juzgado de origen como la Fiscalía Federal descartaron las supuestas irregularidades y rechazaron el planteo. El fiscal general Federico Carniel argumentó que Ibáñez tuvo pleno acceso al expediente, que las pruebas fueron debidamente detalladas y que incluso el propio intendente solicitó declarar, lo que contradice —según sostuvo— la versión de que desconocía los cargos en su contra. El 20 de mayo pasado, durante la audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, De Langhe insistió en que la acusación era vaga y que el rol de su defendido en la supuesta maniobra delictiva no estaba claramente definido. Finalmente, el pasado 26 de mayo, la Cámara Federal resolvió no hacer lugar al recurso de nulidad, al considerar que no existió perjuicio alguno que justificara anular el procedimiento, por lo que confirmó la continuidad de la causa. La resolución fue firmada por las juezas Rocío Alcalá y Patricia Beatriz García, quienes afirmaron que la resolución apelada "supera el test de fundamentación requerido por el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación", y rechazaron los cuestionamientos de arbitrariedad. Declaración mencionada en la causa El tribunal también señaló que las actas de las indagatorias del 15 de agosto y 3 de septiembre de 2024 están debidamente incorporadas al sistema Lex100 y que fue la propia defensa la que solicitó la ampliación de indagatoria que luego objetó. La Fiscalía apunta al jefe comunal que gobierna desde hace más de 20 años por coordinar una organización delictiva que defraudó al Estado con cientos de pensiones no contributivas falsas. Médicos, funcionarios y beneficiarios involucrados en la maniobra. PUEBLO CHICO… El intendente de la pequeña localidad chaqueña enfrenta una gravísima acusación: ser el jefe de una estructura delictiva que, durante años, tramitó de manera fraudulenta Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad, valiéndose de falsos diagnósticos médicos, funcionarios cómplices y beneficiarios reclutados a cambio de un voto. Según la investigación del fiscal Carlos Amad, la maniobra tenía como eje central a la Municipalidad de Taco Pozo, donde se gestionaban y controlaban las solicitudes de PNC en estrecha coordinación con el hospital local y oficinas públicas como INSSSEP y ANSES. La operatoria permitió que en el lapso de un solo año se tramitaran 662 pensiones por invalidez en una localidad de apenas 10 mil habitantes, una cifra totalmente desproporcionada. El fiscal sostiene que Ibáñez controlaba personalmente el listado de beneficiarios, daba luz verde a los trámites y utilizaba las pensiones como herramienta de fidelización política. Se pedía una suma de dinero —calificada como "ínfima"— a personas vulnerables a cambio de iniciar el trámite, pero el verdadero objetivo sería garantizar apoyo electoral y control social en favor del intendente, quien gobierna ininterrumpidamente desde hace más de dos décadas. Testigos clave, relataron que acudieron directamente al despacho del intendente, donde éste decidía "quién salía y quién no" en los listados de PNC. La presión política y el manejo discrecional de los beneficios sociales quedaron así expuestos como parte de una maquinaria clientelar en pleno funcionamiento, resulta de la investigación fiscal. Dos profesionales de la salud aparecen señalados como piezas fundamentales en la estructura. Por un lado, Marcos Gustavo Rojas, quien fue director del Hospital Rural Santa Rosa de Lima hasta 2019 y continuó firmando Certificados Médicos Oficiales (CMO) para PNC. Por otro, su sucesor, el bioquímico Miguel Ángel Bilinski, quien habría continuado la misma operatoria hasta 2023. Anotaciones en los cuadernos secuestrados. Los certificados, que supuestamente daban cuenta de discapacidades graves, eran necesarios para que los expedientes avanzaran. En muchos casos, según la acusación, ni siquiera se hacían los controles médicos adecuados: los diagnósticos eran armados, las patologías asignadas según conveniencia, y el resto del trámite se completaba con datos sociales gestionados por ANSES y validados sin mayor control por la agencia ANDIS. UNA SECRETARIA, UNA PAREJA, UNA BENEFICIARIA Uno de los episodios más escandalosos de la causa se produjo durante un allanamiento en la casa de María Estela Luna, pareja de Rojas, quien trabajaba con él como secretaria médica. Luna figura como beneficiaria de una PNC por discapacidad firmada por el propio Rojas. Durante el operativo, intentó descartar cuadernos y documentos arrojándolos al domicilio de vecinos, quienes los entregaron a la Policía. Entre esos papeles había claves y usuarios de la Seguridad Social de ANSES, montos de dinero supuestamente cobrados o adeudados por los beneficiarios, y anotaciones sobre qué patología adjudicar a cada persona. Anotaciones en los cuadernos secuestrados. Luna mostró nerviosismo en su declaración y cayó en contradicciones sobre su rol en la tramitación de pensiones. Aunque negó tener conocimiento de las maniobras ilegales, los elementos secuestrados en su domicilio —incluidos pendrives, celulares y cajas con historias clínicas— complican su situación procesal. La mención sobre lo ocurrido durante el allanamiento. La causa revela una aceitada coordinación entre médicos, empleados municipales y estructuras estatales. Desde el área de Pensiones del municipio, a cargo de Carlos Alberto Taboada, se firmaban CMO manuales. Se detectó también participación activa de empleados de ANSES y del INSSSEP, con oficinas ubicadas en el mismo edificio municipal, lo que facilitaba la operatoria conjunta. El perjuicio económico para el Estado nacional es multimillonario. Cada PNC implica un pago mensual sostenido, destinado legalmente a personas en situación de extrema vulnerabilidad y discapacidad real. Sin embargo, el esquema fraudulento investigado en Taco Pozo desvió ese destino, convirtiéndolo en un mecanismo de control político y enriquecimiento irregular. Fuente Diario Chaco m