El ex presidente había pedido volver a declarar. La Cámara Federal revocó las inhibiciones de todos los imputados y apuró una definición. Fernández ya había sido indagado en noviembre de 2024, cuando la investigación estaba bajo la órbita del juez Julián Ercolini. En aquella oportunidad, se limitó a responder preguntas de su abogada, Mariana Barbitta, y a presentar un escrito en el que defendió el decreto 823, por el cual se eliminó el sistema de coaseguro y se otorgó el monopolio a Nación Seguros. En su descargo, el exmandatario aseguró que el sistema implementado no generó gastos al Estado, que las comisiones a intermediarios se limitaron al 10% por decisión interna de Nación Seguros, y negó cualquier vínculo directo con los brokers involucrados: "Si usted pregunta quién fue el mayor enemigo de Alberto Fernández en el sector, le van a contestar los productores de seguros", afirmó entonces. UNA NUEVA INDAGATORIA Ocho meses después de aquella declaración, Fernández solicitó ampliar su indagatoria, en un contexto en el que Casanello se apresta a resolver la situación procesal de los imputados. La citación fue otorgada en menos de 24 horas a pedido de la defensa, ya que el ex presidente tenía previsto un viaje, según confirmaron fuentes judiciales. La causa, que investiga presuntas maniobras irregulares en contrataciones de seguros en organismos públicos, sufrió un giro en febrero cuando Casanello reemplazó a Ercolini. Desde entonces, el nuevo magistrado revisó la documentación, solicitó nuevas medidas de prueba y profundizó líneas de investigación paralelas. REVOCAN INHIBICIÓN DE BIENES Este miércoles, la Cámara Federal revocó la inhibición general de bienes que pesaba sobre Fernández y otras 50 personas físicas y jurídicas implicadas en la causa. La decisión judicial fue celebrada por los imputados, ya que desde abril de este año no podían disponer de sus propiedades ni acceder a sus cajas de seguridad. La resolución, que contó con los votos de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah, consideró que la medida cautelar carecía de fundamentos suficientes, especialmente ante la falta de definiciones procesales. Farah, además, cuestionó que hayan transcurrido más de seis meses desde las indagatorias sin resolverse la situación de los acusados. El juez Roberto Boico votó en disidencia, a favor de mantener las inhibiciones. Entre las pruebas recolectadas, se destaca un informe de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), que analizó los ingresos de Fernández antes de asumir como presidente. El documento reveló que entre 2010 y 2019, Fernández le facturó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, apodado "Hecky", un total de $4.257.000 por presuntos servicios profesionales. La última factura está fechada el 6 de diciembre de 2019, apenas cuatro días antes de asumir la presidencia. También fue incorporado a la causa un pedido de levantamiento del secreto fiscal sobre Daniel "El Gordo" Rodríguez, ex policía y hombre de extrema confianza del ex presidente, quien administró la quinta de Olivos durante su mandato. Casanello solicitó un informe detallado sobre su patrimonio desde 2015, incluyendo bienes, vehículos y cuentas. QUÉ SE INVESTIGA La causa de los seguros indaga un posible direccionamiento de contratos hacia Nación Seguros y el uso de intermediarios privados en operaciones con organismos públicos, que habrían recibido comisiones millonarias por fuera de los mecanismos habituales. Además de Alberto Fernández, entre los imputados figuran el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; el broker Martínez Sosa y su esposa María Cantero; la histórica secretaria del ex mandatario, y empresas como Bachellier, San Ignacio, San Germán y TGG Broker, entre otras. Fuente Diario Chaco.