El juez Sebastián Casanello procesó por corrupción a Alberto Fernández en la causa Seguros, por incompatibilidad en los deberes de funcionario público cuando era presidente. La causa aplicó un embargo sobre los bienes del expresidente de $14.634.220.283. La causa se originó con la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno del exmandatario. Una prueba fundamental fue un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y presentado a mediados de mayo. Ese documento, de 662 páginas, analizó la facturación de Alberto Fernández mientras estuvo al margen de la función pública. Los expertos de la PROCELAC revelaron que el ex presidente le facturó a Martínez Sosa por supuestos servicios profesionales entre 2010 y 2019. En la causa también están involucrados María Cantero, exsecretaria de Fernández; su marido, Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente; y el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por montar una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021. Con dicho decreto, Fernández impuso la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros exclusivamente a través de Nación Seguros SA, una subsidiaria del Banco Nación. Cuando fue citado a declarar, el exmandatario se limitó a presentar un escrito en Comodoro Py donde aseguró: "No comprendo los cargos que me formulan". Además, detalló que el decreto no fue impulsado exclusivamente por él, sino por una serie de organismos del Estado, como el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Seguros y Nación Seguros. Fuente Diario Chaco.