POR IRREGULARIDADES, EL GOBIERNO DIÓ DE BAJA MÁS DE 80.000 PENSIONES POR INVALIDEZ.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), encabezada por el abogado Diego Spagnuolo, lleva adelante una masiva auditoría sobre más de un millón de beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Hasta el momento, el Gobierno de La Libertad Avanza suspendió 80.080 pensiones, lo que representa un ahorro mensual de $ 23.143 millones para el Estado.
Según la auditoría de la Agencia Nacional de Discapacidad, el 60% del millón de beneficiarios no se presentó a la revisión médica obligatoria.
Según datos oficiales, el 60% de los convocados no se presentó a la verificación de requisitos, una instancia obligatoria para mantener el beneficio. Entre los casos detectados figuran personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, beneficiarios sin condición médica comprobable, presos, prófugos de la justicia, e incluso ciudadanos que viven en el exterior.
DE LAS 80.080 BAJAS TOTALES:
65.230 fueron suspendidas por irregularidades o inasistencia a las auditorías.
8.207 personas renunciaron voluntariamente al beneficio.
6.643 pensiones se dieron de baja porque los titulares habían fallecido.
Cada una de estas pensiones representaba un ingreso mensual de $ 289.000, sumando el 70% de la jubilación mínima ($ 219.000) y un bono adicional de $ 70.000.
Desde la Casa Rosada estiman que, de continuar la auditoría, las bajas podrían superar las 250.000 pensiones en todo el país. El Gobierno sostiene que muchas de estas prestaciones fueron entregadas de manera discrecional durante gestiones anteriores, especialmente en actos políticos.
CASOS INSÓLITOS Y SOSPECHAS DE FRAUDE
La ANDIS detectó situaciones graves de fraude, entre ellas:
212 personas privadas de libertad cobraban la pensión.
331 prófugos de la justicia recibían el beneficio.
Una misma radiografía fue presentada en 150 trámites diferentes.
Certificados por amputaciones inexistentes, personas disfrazadas para asistir a auditorías, y diagnósticos por pie plano.
Referencias al Movimiento Evita como respaldo para acceder al beneficio en trámites irregulares.
En un caso extremo, el hijo de un beneficiario asistió a la auditoría y reconoció que su padre "vive en Egipto desde hace meses", mientras él continuaba cobrando la pensión en su nombre.
CONTROLES REFORZADOS
Con la publicación del Decreto 842/2024, el Ejecutivo estableció un nuevo sistema de control. Entre sus puntos principales:
Creación de un Cuerpo Médico Evaluador bajo la órbita de la ANDIS.
Revalidación obligatoria de condición médica mediante declaración jurada y exámenes.
Cruzamiento de datos con otros organismos como AFIP, ANSES, PAMI y el Ministerio de Justicia.
Suspensión inmediata ante sospechas fundadas de irregularidades.
La auditoría no afecta a menores de edad ni a quienes ya fueron evaluados en 2024. El procedimiento es realizado por personal médico del PAMI y agentes de la ANDIS, que citan a los beneficiarios mediante carta documento. Ante la inasistencia reiterada, se inicia el proceso de baja definitiva.
"NO SE QUITARÁ NINGUNA PENSIÓN LEGÍTIMA"
El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, aseguró que "este escándalo pone de manifiesto la urgente necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de pensiones por invalidez laboral". Y agregó: "No se le quitará el beneficio a quien realmente lo necesita, pero sí a quienes lo obtuvieron de forma fraudulenta".
Según datos oficiales, entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, las pensiones por invalidez pasaron de 80.000 a 1.050.000. En la presidencia de Alberto Fernández, la cifra escaló hasta 1.250.000.
Fuente Diario Chaco.
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