Tanto Cristina Kirchner como los otros condenados por la causa Vialidad deberán devolver más de US$ 500 millones. A pocos días del vencimiento del plazo judicial, ninguno de los condenados en la causa Vialidad —incluida la expresidente Cristina Fernández de Kirchner— ha cumplido con la orden de devolver los 530 millones de dólares que, según la sentencia, deben restituir al Estado. El 13 de agosto es la fecha límite fijada para el depósito de los fondos en una cuenta especial del Banco Nación. Hasta ahora, ni Cristina Kirchner, ni el empresario Lázaro Báez, ni el exsecretario de Obras Públicas José López —los tres principales condenados— han efectuado pago alguno. Si para esa fecha el dinero no se transfiere, la Justicia avanzará con la siguiente etapa del proceso: la subasta pública de los bienes decomisados. Sin embargo, una reciente acordada de la Corte Suprema abrió una alternativa: destinar parte de esos inmuebles a uso institucional, ya sea para el propio tribunal o para el Consejo de la Magistratura. La resolución, firmada por los ministros de la Corte, establece que el máximo tribunal puede "afectar o asignar, por razones de un mejor servicio de justicia, aquellos inmuebles decomisados" para utilizarlos directamente o cederlos al Consejo. Esto permitiría que, en lugar de venderse de inmediato, algunas propiedades se conviertan en oficinas judiciales, depósitos de archivo o espacios para programas públicos. En el caso de la expresidenta —condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta—, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificaron como bienes susceptibles de subasta dos departamentos en el complejo Madero Center, otras 24 propiedades en el sur del país y más inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Parte de esos bienes están cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y embargados en otra causa, la de Hotesur-Los Sauces. Los fiscales sostienen que, al haber llegado primero a sentencia, la causa Vialidad tiene prioridad para ejecutar la subasta. Incluso preparan un segundo listado con más propiedades, entre ellas la unidad de San José 1111 y otros activos en Puerto Madero. De no concretarse la venta inmediata, la acordada de la Corte contempla ceder temporalmente los bienes a provincias, municipios o entidades sin fines de lucro para destinarlos a programas de utilidad social, como educación, salud, asistencia a víctimas, reinserción social o contención de personas en situación de vulnerabilidad. La causa Vialidad, resuelta en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, concluyó que durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner se direccionaron de forma fraudulenta contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez, ocasionando un perjuicio millonario al Estado. Con el vencimiento del plazo judicial a la vista, la disputa se centra ahora en tres posibilidades: que se devuelva el dinero, que se subasten los bienes o que parte de ellos pase a uso institucional. Fuente Diario Chaco.