La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolverá si mantiene frenada la orden de la jueza Loretta Preska. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito evaluará si continúa vigente la suspensión que frena la orden de la jueza Loretta Preska, que dispuso esa transferencia como forma de pago del fallo de primera instancia, o si exige una garantía económica mientras avanzan las apelaciones. El litigio se originó en la indemnización fijada por Preska en US$16.100 millones más intereses. En octubre de 2023, Argentina apeló esa sentencia pero no depositó una garantía para evitar embargos, algo que no es automático en el sistema estadounidense. La jueza concedió tiempo adicional por el cambio de gobierno en diciembre de ese año, pero en su último escrito sostuvo que "la República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer las condiciones requeridas por el Tribunal". Actualmente, el país enfrenta dos apelaciones simultáneas: una contra la sentencia que lo obliga a pagar la millonaria compensación, y otra contra la orden de entregar las acciones de YPF. La primera tiene audiencia prevista para la semana del 27 de octubre, mientras que en la segunda el primer escrito de defensa se presentará el 25 de septiembre. Para Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors, la resolución de mañana "es una decisión administrativa extremadamente importante para todos los argentinos porque, si no es favorable, solo quedaría la Corte Suprema para revisarla. Tal vez exista una tercera vía que no estemos viendo. Podría ser que, en lugar de entregar las acciones de YPF, se busque un activo alternativo, pero eso lo sabremos cuando se publique la decisión". La ley argentina que permitió la expropiación de YPF prohíbe transferir las acciones sin autorización del Congreso. Aun así, para Juan Ignacio Carranza, de Aurora Macro Strategies, el incumplimiento de la orden tendría sobre todo impacto reputacional: "Los tribunales estadounidenses no cuentan con mecanismos prácticos para forzar la entrega de acciones bajo jurisdicción extranjera. Incumplir afectaría la imagen del país, especialmente cuando busca volver a los mercados internacionales, aunque no tendría consecuencias prácticas inmediatas". Fuente Diario Chaco