Tras una nueva y extensa reunión de los gobernadores con funcionarios del equipo económico nacional en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), desde Casa Rosada hubo una clara señal hacia las provincias, al presentar en el Congreso dos proyectos de ley (que tuvieron despacho de minoría) para asi alcanzar un acuerdo sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de lo recaudado por el impuesto a los combustibles. Este paso, que es intermedio al que ya logró despacho de mayoría debe ser analizado ahora por los mandatarios de las provincias, con un condicionante. Saben que recibirían menos recursos, pero al tratarse de una propuesta oficial evitarán que, en el caso de aprobarse, la ley pueda ser vetada por el presidente. Por ello, desde la noche del miércoles, hubo opiniones anticipadas favorables a buscar el acuerdo. Aunque tendrán que estudiar la iniciativa, toidos reconocen que lo mejor es acordar y no confrontar. En definitiva, este miércoles, después de que la comisión de Presupuesto y Hacienda aprobara los proyectos para repartir de forma automática los ATN y coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles, el Gobierno puso sobre la mesa dos alternativas. Con el apoyo del PRO y algunos sectores provinciales propuso otra forma de reparto del dinero en disputa, con el objetivo de finalizar el conflicto. Puntualmente, la primera de las propuestas, que obtuvo 15 firmas y, de esa forma, consiguió el dictamen en minoría, establece que los ATN no distribuidos durante el período fiscal se pagarán a las provincias "de forma mensual" una vez terminado el ejercicio. La otra iniciativa oficial, referida a los ingresos por los combustibles, plantea que se repartirían en un 32% para el Tesoro Nacional, 40% para las provincias y 28% para el Sistema Único de Seguridad. En este caso, lo que se modificó fueron los porcentajes, ya que en el proyecto original los mismos eran del 14,29%, el 57,02% y el 28,69%, respectivamente, eliminando varios fondos fiduciarios. La discusión por los fondos comenzó a finales de junio pasado, cuando después de una frustrada reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), las autoridades de las 24 jurisdicciones del país enviaron al Congreso los dos proyectos. De esa manera, empezaron a presionar a la Casa Rosada en el marco de sus reclamos de mejorar la distribución de fondos nacionales, ante la caída de las recaudaciones y la paralización de las obras públicas. El Senado ya otorgó media sanción, por lo que ahora las miradas vuelven a estar en la Cámara de Diputados, que podría tratarlas en los próximos días. Pero con esta contrapropuesta de Casa Rosada, hay un fuerte optimismo que se hayan allanado los caminos. Fuente Diario Chaco.