La ex interventora del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), Clelia Ávila, denunció lo que considera la mayor corrupción de la historia en el organismo provincial. En su visita a los estudios de N9, Ávila detalló un entramado de irregularidades que comprometió los fondos destinados a la construcción de viviendas, obras públicas y la mejora de barrios en situación de emergencia. Según Ávila, "esto ha sido una estafa al pueblo, utilizando la pobreza y la necesidad de la gente para enriquecer a unos pocos". La denuncia abarca no solo el desvío de fondos, sino también la entrega de tierras de manera arbitraria y sin los controles adecuados, facilitando la creación de cooperativas y fundaciones sin cumplir con los requisitos legales establecidos. Cuando Ávila asumió la intervención en diciembre de 2023, se encontró con un organismo que, aunque autárquico, operaba sin las mínimas garantías de transparencia. "Era un ente que funcionaba de manera autónoma, pero con irregularidades evidentes. Lo que vi fue un sistema donde las organizaciones sociales, como cooperativas y fundaciones, se beneficiaban con trámites exprés para obtener personería jurídica, saltándose procedimientos establecidos por la ley", explicó la ex interventora. Ávila enfatizó que esta celeridad en la entrega de permisos se dio de manera coordinada entre varias áreas del gobierno, como el Instituto de Tierras y la Inspección de Personas Jurídicas, creando un círculo vicioso que permitió el desvío masivo de fondos públicos. Ávila también relató cómo muchas de las obras, como la construcción de viviendas, fueron apenas iniciadas o, en el peor de los casos, inexistentes, aunque el presupuesto ya estaba ejecutado. "Lo más doloroso fue ver que muchos de los beneficiarios, personas en extrema vulnerabilidad, recibían promesas de viviendas que nunca se cumplieron. Solo el 20 a 25% de los expedientes pudieron ser verificados", señaló, haciendo alusión a la gran cantidad de denuncias que llegaron al IAFEP desde los afectados. La ex interventora no dudó en calificar la situación como un fraude, tanto económico como moral, que sigue afectando a miles de familias chaqueñas. La situación no solo tuvo una repercusión económica, sino también humana. "La gente depositaba toda su esperanza en esos programas, creyendo que finalmente tendrían una vivienda digna, pero lo que encontraron fue un sistema corrupto que se aprovechó de su desesperación", subrayó Ávila. La ex interventora también destacó que muchas de las denuncias fueron realizadas por mujeres que, tras ser presionadas, debían cumplir con requisitos personales injustos para acceder a los beneficios. Estas denuncias fueron recibidas tanto a través de una línea habilitada por el IAFEP como en comisarías, y actualmente están siendo investigadas por la justicia. En cuanto a la situación judicial, Ávila confirmó que ya hay detenciones relacionadas con el caso, y que las auditorías siguen en curso. "Esto no es un tema aislado. Aquí hay responsables, desde los más pequeños hasta los más grandes, y la justicia está trabajando para determinar las responsabilidades", comentó. Ávila también expresó su esperanza de que las investigaciones lleven a la justicia y de que, a través de la transparencia, se pueda lograr una reparación para las víctimas. "El pueblo chaqueño debe ser recordado y que nunca más se permita que este tipo de situaciones se repitan", finalizó Ávila. Con la mirada puesta en el futuro, Ávila también dejó en claro que el trabajo de auditoría no se detiene, aunque reconoció que la magnitud del problema requiere años para ser resuelto. "El daño ya está hecho, pero esperamos que los culpables paguen por sus actos. Las viviendas inconclusas y los proyectos sin terminar son una realidad que no se puede ocultar", concluyó. El IAFEP, como un organismo creado para atender a los más necesitados, ha quedado marcado por una crisis institucional y económica que promete ser una de las mayores pruebas de la justicia chaqueña en los próximos años. Fuente: noticiero9