El caso de María Soledad, una joven de 17 años que fue secuestrada, drogada, violada y asesinada en 1990, expuso una red de protección política en Catamarca liderada por la familia Saadi. Por el crimen fueron condenados Luis Tula, su pareja, y Guillermo Luque, hijo de un diputado nacional. La causa se vio atravesada por demoras judiciales, encubrimientos y una intervención federal que modificó el escenario político provincial. Más de tres décadas después, la desaparición de Cecilia Strzyzowski volvió a despertar el mismo tipo de indignación social. Tenía 28 años y fue vista por última vez ingresando a la casa de su ex pareja, César Sena, hijo de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en Resistencia. La justicia sostiene que fue asesinada en ese lugar y su cuerpo incinerado en un campo familiar. El juicio, que se realizará con jurado popular, está previsto para octubre de 2025. En ambos casos, los principales implicados están relacionados con figuras influyentes del poder político local. En Catamarca, los involucrados eran familiares de funcionarios y miembros de la policía; en Chaco, los acusados formaban parte de un movimiento social con fuerte respaldo estatal y vínculos estrechos con el entonces gobernador Jorge Capitanich. Ada Rizzardo, madre de María Soledad, estableció una conexión directa entre ambos crímenes. En una entrevista reciente, señaló las similitudes entre las historias de sus hijas, en especial el rol de los “hijos del poder” y las amenazas sufridas por las familias que buscaron justicia. Rizzardo recordó también cómo fue silenciada en los primeros días tras la muerte de su hija y denunció que vivió situaciones similares a las que hoy enfrenta Gloria Romero, madre de Cecilia. La reacción popular fue otro punto de coincidencia. En los años noventa, las “marchas del silencio” lideradas por las compañeras de María Soledad marcaron un antes y un después en la participación ciudadana en Catamarca. En el caso de Cecilia, las movilizaciones encabezadas por su madre se replicaron en distintas localidades chaqueñas con velas, pancartas y el color rosa como símbolo de la lucha por justicia. Ambos casos, más allá de sus particularidades, evidencian los riesgos que implica la combinación de impunidad estructural, complicidades políticas y violencia de género. Mientras las familias aún reclaman justicia completa, la sociedad argentina vuelve a enfrentarse con una dolorosa verdad: la violencia ejercida desde el poder no es un capítulo cerrado. Fuente infoqom.