El ex gobernador y candidato a senador por Fuerza Patria estuvo presente por Zoom ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña en la causa que investiga la supuesta maniobra por la adjudicación de tierras fiscales. Si bien se abstuvo a prestar declaración oral y responder preguntas, presentó un minucioso escrito, donde intentó refutar las acusaciones de la fiscalía, pidió “sensatez” a la Justicia y que esta “no actúe con parcialidad política”. En en escrito, Jorge Capitanich asegura que la investigación del fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, padece de una “fragmentación de la realidad”, tomando fragmentos antojadizos de las leyes y procesos para interpretar actos de gobierno como delitos y la existencia de una “organización criminal” y agregó que "se me imputa formar parte de una organización criminal por firmar decretos y otorgar tierras, pero no existe una sola pieza probatoria que abone semejante teoría. Las pruebas aportadas por mi parte, que explican los procesos administrativos regulares, han sido sistemáticamente desconocidas". Asimismo, afirmó que "la acusación de lavado de activos implica la aceptación tácita de un procedimiento irregular precedente sin sustento alguno, y sin poder conectar la disponibilidad de recursos ilícitos para transformarlos en lícitos" y añadió que "todos los trámites tienen un seguimiento electrónico transparente y vinculan un decreto con una operación de lavado de activos financieros, lo cual no solo es inadmisible sino que constituye un agravio a mi buen nombre y honor". En su detallado informe, Capitanich explicó la naturaleza de su intervención como gobernador en la adjudicación de tierras. “El gobernador lo único que hace es ratificar las adjudicaciones, que son facultad exclusiva del Instituto de Tierras, cuando las mismas superan las 300 hectáreas. Esto no es una opción del gobernador, es una obligación legal”. Además, dijo que en el proceso intervinieron más de media docena de órganos de control. Respecto al supuesto lavado de activos —adquisición de un bien de origen ilícito para luego introducirlo al mercado como legítimo—, advirtió que los inmuebles cuestionados permanecen aún en el patrimonio del Estado. “Estamos siendo acusados de una transferencia inexistente: las tierras siguen a nombre de la provincia del Chaco. No hubo ninguna transferencia de dominio. Por lo tanto, no existe el lavado de activos. Una irracionalidad total”. En el mismo sentido, precisó el marco legal del Régimen de Promoción Industrial y la adjudicación de tierras en el marco del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), y aseguró que las empresas beneficiarias recibieron exenciones impositivas, reducción de costos de servicios y crédito fiscal por las inversiones. También en esos casos intervienen distintos órganos de control, en un régimen que “ha beneficiado a más de 200 empresas entre 1999 y 2023”. En tanto, recordó que fue sometido al juicio de residencia y rendición de cuentas ante los organismos de control provinciales y nacionales. “Ninguno de estos controles arrojó irregularidad alguna”, afirmó. “Se me imputa formar parte de una organización criminal por firmar decretos y otorgar tierras, pero no existe una sola pieza probatoria que abone semejante teoría. Las pruebas aportadas por mi parte han sido sistemáticamente desconocidas, violando mi derecho a defenderme”, señaló e insistió en la “falta de objetividad procesal”. Tras su declaración, Capitanich volvió sobre las motivaciones políticas de la causa: “Ser imputado en una causa de esta naturaleza reviste una connotación social, personal, profesional y política insoslayable y perjudicial. El perjuicio causado es de tal magnitud que no podrá ser remediado jamás, incluso ante acciones judiciales futuras. La descripción del hecho delictivo es vaga, impidiendo el ejercicio de una defensa efectiva" concluyó. En el mismo escrito, presentó dos pedidos para que sean tenidos en cuenta: a. Se tenga por presentada de manera escrita mi declaración indagatoria. b. Se me sobresea ante la inexistencia de los delitos endilgados. Subsidiariamente, si no hiciera lugar al pedido, se mantenga mi libertad durante el proceso, atento a que no existe riesgo procesal alguno. He estado a derecho siempre, tengo domicilio en la provincia, soy una persona pública y por otro lado entiendo que el Señor Fiscal ha producido todas las pruebas para llevar adelante este proceso, por lo que ningún riesgo de entorpecimiento o de fuga puede existir.- Fuente Norte Grande Federal.