"La corrupción se juzga", justificó la fiscal Fabiana León y dijo que el proceso debe ir a juicio. La Unidad de Información Financiera acompañó su decisión. La fecha del debate oral está fijada desde el año pasado para el 6 de noviembre de 2025, con una audiencia ordenatoria previa el 24 de septiembre. El TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli, organiza el proceso en modalidad virtual, que será inédito por su magnitud: 174 acusados y 630 testigos admitidos. Se trata de un expediente con 540 hechos investigados y 26 calificaciones jurídicas diferentes, que la justicia federal describió como la "principal organización criminal" de las últimas décadas, vinculada a sobornos y operaciones de lavado. Los empresarios, entre ellos Hugo Dragonetti, Julio Paolini, Mario Rovella, Miguel Marconi, Enrique Pescarmona y Armando Loson, ofrecieron sumas millonarias para extinguir la acción penal. Incluso el financista arrepentido Ernesto Clarens propuso bienes embargados en Estados Unidos. En total, los ofrecimientos rondaron cifras astronómicas, en un contexto en el que la justicia ya tiene cautelados alrededor de 1.100 millones de dólares. Los planteos se fundaron en la duración prevista del juicio, la edad avanzada de varios acusados y problemas de salud. La fiscal León rechazó de plano estas pretensiones. Sostuvo que la reparación integral no es aplicable en delitos de corrupción, porque "el daño no es patrimonial ni mensurable en dinero". Subrayó que se trata de un perjuicio institucional que erosiona la confianza pública, distorsiona decisiones administrativas, afecta la competencia y genera desigualdad en la contratación estatal. "No hay víctima disponible ni precio del daño institucional", enfatizó. En su alegato, explicó que aceptar la propuesta abriría un "mercado de impunidad" que vaciaría de sentido la función del juicio oral. Recordó que la fiscalía contestó más de 50 excepciones y realizó más de 580 presentaciones, reclamando en varias oportunidades celeridad. Para León, la conclusión constitucional y natural del proceso no es una transacción sino el juicio público, donde se definan responsabilidades y se garantice la igualdad ante la ley. Además, remarcó que "pagar no puede ser el precio de salida". El derecho penal, señaló, no se reduce a una cuestión contable: la pena o la absolución pública cumplen una función normativa esencial, marcan qué conductas son intolerables, previenen futuros desvíos y sostienen la confianza democrática. Admitir soluciones económicas, advirtió, sólo premia al imputado con recursos y rompe la simetría con el ciudadano común. La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de su representante Mariano Galpern, acompañó la posición fiscal y calificó el planteo empresarial como "jurídicamente inadmisible". Aseguró que el dinero volverá al Estado, pero no mediante un acuerdo extrajudicial, sino a través de las condenas y decomisos correspondientes. En la misma línea, León cerró con un mensaje tajante: "La confianza se honra rechazando reparaciones que privaticen el interés público. El dinero no compra honra". Fuente Diario Chaco.