"No se detectó ilícito alguno" fue la expresión del Fiscal de Investigaciones Administrativas. La denuncia original fue presentada por legisladores peronistas contra el ministro Sergio Rodriguez por compras de medicamentos. El funcionario había sido acusado de realizar compras directas por más de 1.600 millones de pesos durante la emergencia sanitaria, pero la investigación concluyó que las contrataciones se ajustaron a la normativa vigente y fueron ratificadas por ley. La causa se originó a partir de una presentación realizada por legisladores que denunciaron presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos durante la emergencia epidemiológica. Los denunciantes cuestionaban la legalidad de tres decretos que habían declarado y prorrogado ese estado excepcional, bajo cuyo marco se autorizaron compras sin licitación pública. El primer decreto, el 163/2023, fue emitido para enfrentar brotes de dengue, chikunguña y zika, aunque contenía un error en el artículo legal utilizado como fundamento. Ese detalle fue corregido luego mediante el Decreto 81/2024, que encuadró las contrataciones dentro de los casos de fuerza mayor y extendió la emergencia por un año. Más adelante, el Decreto 315/2024 volvió a declarar la emergencia sanitaria por seis meses y ratificó retroactivamente las compras realizadas. Durante la investigación, la Fiscalía tuvo en cuenta opiniones previas de la Fiscalía de Estado, que había recomendado limitar las contrataciones a productos vinculados directamente con la emergencia. Sin embargo, un elemento clave fue que la Legislatura chaqueña ratificó el último decreto a través de la Ley 4004-A, sancionada en abril de 2024, lo que dio respaldo legal a todas las medidas adoptadas. Con estos antecedentes, el fiscal general Gustavo Leguizamón determinó que no existían pruebas de irregularidades ni perjuicio económico para el Estado. Además, destacó que las compras respondieron a una necesidad real del sistema de salud en un contexto de emergencia epidemiológica. En su resolución, la Fiscalía concluyó que "no se hallaron responsabilidades administrativas ni la comisión de hecho ilícito alguno", y por lo tanto dispuso archivar el expediente. De esta manera, el ministro Rodríguez quedó eximido de toda acusación por las contrataciones realizadas durante la emergencia sanitaria. Fuente Diario Chaco.