El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de hasta 15 años de prisión para José Héctor Hiperdinger, exsecretario de Gobierno de Villa Río Bermejito, en la causa Lavado III. El ex funcionario está acusado de ser el líder de una asociación Ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento Ilícito, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública. Además pidieron que se le aplique una multa equivalente a cuatro veces el monto de las operaciones e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Lavado III: así era la estructura de la asociación ilícita según la Fiscalía. Para los demás imputados se requirieron las siguientes penas, según el grado de participación atribuido: 13 años para Adrián Hipperdinger, hijo de José, quien era asesor legal del Concejo de Bermejito y presidente de la Federación de Cooperativas de El Impenetrable Chaqueño 13 años para Rosana Giménez, esposa de José que presidía el Concejo Municipal, la Fiscalía pidió 13 años de prisión 8 años para David Lescano, sobrino de Lorenzo Heffner, ex intendentefallecido de la localidad 8 años para Rolando Hipperdinger, primo de José 3 años en suspenso efectivo para Silvia y Adriana Hipperdinger, hijas de José, y Nancy Giménez, su cuñada y exesposa de Heffner. El exsecretario de Gobierno de Villa Río Bermejito, José Hipperdinger y el exintendente fallecido Lorenzo Heffner De acuerdo con la acusación, los hechos habrían ocurrido entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de mayo de 2016, período en el cual los imputados habrían conformado una estructura estable y permanente destinada a la apropiación de fondos del Estado Nacional destinados a la construcción de viviendas y obras de infraestructura en el marco de los programas Federal de Integración Socio Comunitaria (PFISC) y Federal de Viviendas y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales (PFVHPO). El mecanismo defraudatorio, según el requerimiento fiscal, se habría concretado a través de cooperativas de trabajo en las que los acusados —en su mayoría exfuncionarios públicos— utilizaban su posición jerárquica para adjudicar, ejecutar y pagar de forma irregular los planes nacionales de vivienda en Villa Río Bermejito, con presunta injerencia en otros municipios de la provincia. La acusación califica estos hechos como ilícitos precedentes del posterior lavado de activos, mediante el cual los fondos desviados habrían sido incorporados al patrimonio personal y de empresas vinculadas, con el objetivo de dar apariencia legal al dinero proveniente de la defraudación. El fiscal consideró agravantes el monto millonario de los fondos involucrados, el procedimiento empleado y el "desprecio por los fondos públicos", además del contexto socioeconómico de la provincia. También solicitó el decomiso de los bienes utilizados en el delito de lavado de activos, con la disposición de que el 50% de lo incautado se destine a fines sociales, conforme a fallos previos de la Cámara Federal de Apelaciones. Fuente Diario Chaco.