La causa por presunto lavado de activos contra Ariel Vallejo sumó pruebas sobre maniobras internas desplegadas en la previa de los operativos policiales. Las irregularidades fueron detectadas a partir de pruebas recolectadas por la Policía Federal Argentina y forman parte de la investigación que encabezan el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal federal Cecilia Incardona. El expediente pone el foco en el funcionamiento interno de Sur Finanzas y en el rol de sus principales responsables, entre ellos Ariel Vallejo, empresario con vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y su entorno más cercano dentro de la firma. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, las acciones para eliminar evidencia comenzaron el 1 de diciembre de 2025 y se extendieron al menos hasta el 11 de ese mes. La causa detalla comunicaciones internas que exhiben órdenes precisas, roles asignados y una cadena de mando orientada a sustraer información del alcance de las autoridades judiciales. Uno de los episodios centrales involucra a Daniela Sánchez, secretaria de Vallejo, quien el 1 de diciembre, a las 0.51, envió un mensaje a Micaela Sánchez, tesorera de la empresa, con instrucciones concretas: que un tal Enrique "vaya a recaudar dinero" y que le diga a Agustín que "borre las cámaras". En ese mismo intercambio, le pidió que "Juan", del área de Sistemas, "se quede en su casa", lo que, según el expediente, implicaba apartarlo de cualquier intervención durante esas horas clave. La investigación también destaca el rol de Nahiara Gamarra, secretaria ejecutiva, cuyas comunicaciones denotan, según la Policía, una relación de poder sobre Micaela Sánchez, lo que refuerza la hipótesis de una estructura jerárquica organizada para ejecutar las maniobras de ocultamiento. Otro punto relevante es el accionar de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas. El mismo 1 de diciembre de 2025, Hoffmann le envió un mensaje a Juan Soler para que "ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas", una orden directa orientada a inutilizar los sistemas informáticos de la firma. El 6 de diciembre de 2025 aparece otro intercambio incorporado al expediente. Cecilia, una de las cajeras, le escribió a Micaela Sánchez: "Acordate que tengo eso. Vos después decime qué hago?". Ante la consulta de qué se trataba, respondió: "Dos cuadernos. Están bien guardados", lo que fue interpretado como un indicio del resguardo deliberado de documentación fuera del circuito formal de la empresa. Cinco días después, el 11 de diciembre, Micaela Sánchez volvió a comunicarse con personal del área de Sistemas para informar que "en un rato va a ir a buscar los CPU al depósito". Para los investigadores, ese mensaje hace referencia directa al ocultamiento de computadoras y teléfonos celulares, elementos que habrían sido puestos fuera del alcance de las autoridades judiciales. La causa también identifica a Agustín Maciel como la persona que el 1 de diciembre de 2025 eliminó registros fílmicos, acción que se vincula directamente con el borrado de cámaras de seguridad mencionado en las comunicaciones previas. Además, se incorporó un mensaje enviado por Rolando Soloaga, jefe de choferes, en el que informaba que, "a pedido del jefe", se realizarían guardias en el estacionamiento y tareas de limpieza y retiro de ploteos de las camionetas de la empresa. Desde el entorno de Ariel Vallejo aseguran que el empresario no dio ninguna orden para destruir ni eliminar pruebas. "Menos aún después del allanamiento, porque se llevaron todo", sostienen. También remarcan que, en caso de acciones individuales por parte de empleados, rige la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación. Fuente Diario Chaco.