El Ejecutivo volverá a licitar la provisión de tubos para Vaca Muerta–Río Negro y procura desactivar la escalada de tensión con la compañía siderúrgica. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, sostuvo que la empresa argentina "está en condiciones de ganar cualquier licitación" y remarcó que "no es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior". Según precisó, el nuevo proceso se abriría dentro de los próximos dos meses. Caputo enmarcó la polémica en lo que definió como un giro en la política económica. "Veníamos de un modelo con déficit porque se le hacía creer a la gente que la energía era gratis. Se salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron a la gente. Unos US$4000 salió la tonelada del tubo. ¿Sabés a cuánto salió en esta licitación? A 1400. Fijate la diferencia del modelo", afirmó, al contrastar costos entre esquemas de contratación. En declaraciones radiales, insistió en que la meta oficial es dejar atrás mecanismos que, a su entender, generaron sobreprecios y desequilibrios fiscales. "No es una cuestión contra una empresa, sino contra un sistema que no funcionaba", señaló. Y agregó que interpretar la decisión como una postura "antindustria" o "antiempresariado argentino" responde a "un relato sonso", al subrayar que el Gobierno trabaja "para los 47,5 millones de argentinos" que buscan "mejores productos a mejores precios". Del lado empresarial, Tenaris —principal productor mundial de tubos de acero con y sin costura, con plantas en 17 países y más de 26.000 empleados— defendió la competitividad de su propuesta para el proyecto de licuefacción flotante (FLNG) de Southern Energy. Desde el grupo aseguran que su cotización "es competitiva con el precio internacional" y rechazan como incorrecta la brecha del 40% que trascendió entre la oferta ganadora y la propia. Tras la propuesta presentada por la firma india, Tenaris ajustó su precio ante el consorcio privado SESA, que opera bajo el régimen especial del RIGI, diseñado para otorgar beneficios fiscales y seguridad jurídica a grandes inversiones, con el objetivo de sostener la actividad y el empleo en el país. Según indicaron, esa rebaja implicaba operar prácticamente sin margen. En paralelo, el Grupo Techint evalúa impulsar una denuncia por presunto dumping ante las autoridades competentes, con el argumento de resguardar la producción nacional y los puestos de trabajo vinculados. Como antecedente, recuerdan que en marzo de 2019 Estados Unidos aplicó derechos antidumping del 50,55% a India/Welspun Trading Limited, la compañía que resultó adjudicataria en el caso de SESA. Fuente Diario Chaco.