El principio de acuerdo involucra a Attestor Master Value y Bainbridge Fund, dos acreedores que mantenían fallos favorables en tribunales de Nueva York. La notificación fue informada al tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde interviene la jueza Loretta Preska. En el escrito, los abogados del Estado argentino y de los acreedores notificaron que lograron un principio de conciliación para cerrar la disputa judicial y requirieron que el proceso quede en pausa hasta completar los términos finales. El caso involucra a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que mantenían demandas contra la Argentina, por el default. Ambos contaban con sentencias favorables y reclamaban el cobro de sumas millonarias, además de haber promovido distintas acciones judiciales para intentar embargar bienes del país en el exterior. Bainbridge había obtenido en tribunales estadounidenses una sentencia por unos US$ 95 millones más intereses. El fondo forma parte del grupo de acreedores que no aceptó las reestructuraciones de deuda impulsadas por el país y sostiene su reclamo judicial en Nueva York desde 2016. En ese marco, las partes solicitaron dejar en pausa una presentación formulada por Bainbridge, en octubre de 2025. En ese planteo, el fondo había reclamado la entrega de la participación estatal en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas para avanzar en el cobro de la deuda. Con el avance de las negociaciones, ese intento de embargo quedaría de forma momentánea sin efecto. En la presentación se indicó que el tribunal será informado sobre la evolución de las tratativas. El documento no menciona, sin embargo, otra de las acciones impulsadas por Bainbridge: una moción a través de la cual buscó obtener el traspaso de acciones de YPF que pertenecen al Estado argentino. Attestor Master Value, por su parte, inició su litigio contra la Argentina en 2014, luego de comprar deuda soberana en default. La firma fue creada en 2012 y posteriormente adquirió esos títulos impagos. En ese sentido, el entendimiento también incluiría la división de garantías vinculadas a los Bonos Brady que fueron embargadas y permanecían depositadas en la Reserva Federal de Estados Unidos. Esos activos quedaron disponibles después de que la Argentina cancelara en 2023 las obligaciones asociadas a esos instrumentos emitidos a comienzos de la década de 1990. La disputa con los acreedores forma parte de los procesos judiciales surgidos tras el default de 2001. En 2005 y 2010, la Argentina llevó adelante reestructuraciones de deuda que tuvieron adhesión mayoritaria de los bonistas. Ya en 2016, el Gobierno alcanzó acuerdos con la mayoría de los fondos que iniciaron demandas en tribunales de Nueva York, lo que permitió cerrar parte de esos procesos. Sin embargo, un grupo reducido decidió continuar con sus reclamos, entre ellos los que ahora avanzaron hacia un acuerdo preliminar informado ante la jueza Loretta Preska. Fuente Diario Chaco.