La Justicia de Estados Unidos ordenó suspender de manera temporal todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, en una resolución que beneficia a la Argentina. La medida fue dispuesta por la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que aceptó un pedido del Estado nacional y frenó cualquier avance judicial hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la apelación en curso. La decisión implica que ningún tribunal podrá avanzar con ejecuciones, investigaciones ni otras medidas relacionadas con el caso, mientras se analiza si corresponde o no el fallo de primera instancia dictado en 2023 por la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar unos USD 18.000 millones, incluyendo intereses. El planteo había sido presentado por el Gobierno a través de la Procuración del Tesoro, en una moción urgente que buscaba detener los procedimientos en marcha. La Cámara del Segundo Circuito aceptó el pedido y dejó en suspenso todas las actuaciones, lo que representa un alivio frente a los reclamos multimillonarios impulsados por fondos litigantes tras la estatización de la petrolera en 2012. Entre ellos se destaca Burford Capital, principal beneficiario del fallo de primera instancia, que había impulsado distintas medidas para acelerar el cobro, como pedidos de embargo, declaraciones de desacato y planteos para equiparar al Estado con la empresa. Todas esas acciones quedan sin efecto, al menos por ahora. Según explicó el analista Sebastián Maril, la resolución podría anticipar una definición cercana del tribunal. La audiencia por la apelación principal se realizó en octubre del año pasado y, desde entonces, los jueces evalúan el caso. Aunque no hay un plazo formal, estimaciones indican que este tipo de decisiones suele demorar entre seis y doce meses. La Cámara, integrada por los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, deberá resolver ahora sobre tres posibles escenarios: confirmar el fallo de Preska, revocarlo completamente o introducir modificaciones, como un cambio en la jurisdicción o en el monto de la indemnización. Mientras tanto, la causa queda en pausa y sin posibilidad de ejecución, a la espera de una definición que será determinante para el futuro del litigio y el impacto económico para la Argentina. Fuente Diario Chaco.