El escándalo en la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH) suma un capítulo más con una nueva presentación judicial del abogado Víctor Oscar Ruiz Díaz, (esta vez en "ejercicio de un interés legítimo propio" como ex socio y fundador de la entidad), que representa una ampliación a la denuncia que él mismo realizó ante la Fiscalía Federal de Resistencia como representante de la firma asesora de inversiones Catalaxia S.A. La BCCH mantiene una deuda con esta empresa desde el año 2023 por una factura impaga, por lo que logró trabar un embargo contra la entidad por $ 10 millones. En dicho proceso, se denunció incluso un correo electrónico de carácter "extorsivo" por parte de la mesa directiva, donde se ofrecía cancelar la deuda a cambio de que el presidente de Catalaxia renunciara a su condición de socio de la Bolsa. El escrito de Ruiz Díaz apunta directamente contra quienes dirigen, administran y controlan la entidad por presuntas infracciones dolosas a sus deberes societarios y de control regulatorio. LA DENUNCIA El eje de la denuncia radica en la responsabilidad funcional e indelegable del Directorio sobre la implementación de políticas comerciales, específicamente en el descuento de valores no garantizados (cheques y pagarés bursátiles). Según el denunciante, los directivos permitieron que estas operaciones, iniciadas en 2023, adquirieran una magnitud desmedida —llegando a representar el 20% de las comisiones de la Bolsa— sin extremar los mecanismos de control ni proteger los activos de los inversores. Ruiz Díaz sostiene que rige un principio de responsabilidad personal y solidaria para los administradores, quienes no pueden alegar desconocimiento ni delegar su responsabilidad regulatoria ante fallas de supervisión o daño a inversores. EMBARGO PREVENTIVO Ante lo que califica como una "situación de fragilidad financiera extrema" que compromete la supervivencia de la BCCH, el denunciante solicitó un embargo preventivo de $ 10.000.000.000 sobre el patrimonio personal de 22 directivos y síndicos. El objetivo de esta medida es garantizar que los responsables posean suficiencia patrimonial para responder por los daños derivados de su gestión y evitar que utilicen fondos de la institución para caucionar deudas propias. La solicitud de embargo incluye: Bienes muebles e inmuebles registrables Cuentas bancarias y participaciones en fondos de inversión Activos digitales y billeteras virtuales (como Mercado Pago, Ualá y la propia billetera virtual de la Bolsa) POSIBLES DELITOS La fiscalía, a cargo del Patricio Sabadini, deberá investigar si las conductas denunciadas encuadran en figuras penales graves como: Administración fraudulenta y fraude agravado Lavado de activos y manipulación de mercado Asociación ilícita Intermediación financiera no autorizada El denunciante también solicitó el entrecruzamiento de llamadas y la compulsa de dispositivos electrónicos de los sospechados para determinar su participación en el asesoramiento irregular a comitentes afectados. Para Ruiz Díaz, estos hechos son síntomas de una gestión que "abandonó los fines de bienestar público de la asociación civil" para adoptar "políticas de inversión agresivas sin realizar las debidas pruebas de estrés financiero". Fuente Diario Chaco.