La medida traslada la actualización para mayo con el objetivo de evitar un mayor impacto en los precios de naftas y gasoil, en un contexto de alza internacional del petróleo y presión inflacionaria. La medida quedó formalizada a través del Decreto 217/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde se establece que durante abril no habrá modificaciones en los tributos que gravan naftas y gasoil. De esta manera, el Ejecutivo decidió diferir los incrementos pendientes correspondientes a las actualizaciones de 2024 y 2025 en los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que alcanzan a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. Según se explicó en el texto oficial, la decisión apunta a sostener la actividad económica dentro de un esquema fiscal ordenado, evitando sumar presión sobre los precios en un escenario ya complejo para el sector energético. El contexto internacional es uno de los factores clave detrás de la medida. La suba del petróleo, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, generó tensión en los valores de los combustibles, lo que llevó al Gobierno a postergar la actualización impositiva para amortiguar su impacto en los surtidores y, en consecuencia, en la inflación. Cabe recordar que desde septiembre del año pasado las actualizaciones de estos impuestos se realizan en función de la inflación y con una periodicidad trimestral. Sin embargo, en la práctica, el Gobierno ha optado por aplicar los aumentos de manera parcial o diferida. Además, se mantiene un esquema diferencial para el gasoil en determinadas regiones, como las provincias patagónicas, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe. Con esta nueva postergación, la aplicación de los incrementos quedará para mayo, a la espera de una eventual estabilización en el mercado internacional del petróleo. Desde mediados de 2024, la administración nacional viene demorando o fragmentando la aplicación de estos tributos con el objetivo de evitar subas bruscas en los precios de los combustibles y su traslado al resto de la economía. De acuerdo con estimaciones privadas, estas decisiones implicaron durante 2025 una pérdida de ingresos fiscales superior a los 2.300 millones de dólares. Fuente Diario Chaco.