Se trata de unos 64 mil empleados estatales regidos por el artículo 9 y unos 6 mil que prestan servicio bajo la resolución 1109 -en este caso, monotributistas o personal especializado bajo convenio con universidades- cuyo vínculo laboral fue prorrogado el 31 de diciembre y por el plazo de tres meses. Desde ATE y UPCN,alertan que miles de empleados podrían recibir la notificación del fin del vínculo laboral el próximo martes 26 o el miércoles 27. ATE denunció 26 cesantías en la secretaría de Derechos Humanos y, al mismo tiempo, la difusión "clandestina" de un instructivos para aplicar despidos masivos en la administración pública. Se trata de textos divulgados por Whatsapp en el que se aconseja a las autoridades de cada dependencia evitar discontinuar los convenios de embarazadas y delegados gremiales y que eventualmente se comunique "verbalmente" a quienes no se le renovarán sus contratos. En diciembre pasado el Ejecutivo había dictado el decreto 84 que cancelaba los contratos suscriptos en el 2023 y ordenaba una exhaustiva auditoría sobre el resto de la planta estatal. Ese proceso fue comandado por el saliente titular de Modernización del Estado Armando Guibert, pero hoy es continuado por otros funcionarios de Jefatura de Gabinete. En el organismo conducido por Nicolás Posse aclararon que no tienen "listados" sobre despidos de los integrantes de la planta transitoria pero anticiparon que cada dependencia decidirá qué contratos continúan desde el 1° abril y cuáles no. En UPCN reconocieron que existe "preocupación" por la auditoría en marcha y "están convencidos" de que el Ejecutivo avanzará en un recorte de la planta estatal transitoria. ATE, por su parte, convocó para este jueves, a las 10 a una reunión del Consejo directivo nacional, con la participación de representantes de las 24 provincias, para evaluar la situación y anunciar un plan de lucha en caso se concreten las cesantías. No hay cifras sobre los puestos de trabajo en riesgo pero aducen que una comunicación interna del Ejecutivo recomienda ajustar "entre un 20% y un 30%" de la planta transitoria y justifican el temor en que existen organismos "en teoría cerrados", como el Inadi, que aún permanecen activos.