El Presidente buscará dividir este tributo para que Nación cobre un piso porcentual y el resto lo decidan las provincias. De esta manera esperan que haya una "competencia fiscal". En el Congreso, Milei dijo que "el Estado Nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto, sustancialmente inferior al total actual, y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que indudablemente generará una competencia fiscal entre las provincias que dinamizará así sus economías". En este sentido, tal como dicta el mandato libertario, la idea es crear un esquema "competitivo" de alícuotas diferenciadas por etapas entre Nación y provincias, junto con un nuevo sistema de reparto de la recaudación. Este nuevo esquema impositivo sería otra herramienta para dentro del plan de ajuste del gobierno para bajar la inflación. La medida implica un cambio para el propio gobierno, ya que en 2024 subió el impuesto PAIS del 7,5% al récord del 17,5% para luego reducirlo en septiembre y dejar que expirara en diciembre, e incrementó el piso de Ganancias, Monotributo y el impuesto a los Combustibles. En enero pasado, a su vez, extendió hasta 2017 el impuesto sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales. Respecto al IVA, (impuesto que grava bienes, servicios y transacciones comerciales en todo el territorio nacional y cuya alícuota general es del 21%), buscarán descomponer la alícuota entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores. Un piso del porcentaje será cobrado por Nación, y el resto será decisión de las provincias. Esto cambiaría el esquema de coparticipación, el cual hoy otorga el 46% de este tributo a Nación y el 54% se reparte entre las provincias y CABA. Ahora intentarán que cada parte recibiría ingresos en función de la tasa fijada, que se aplicaría a la producción (etapa inicial) a nivel nacional y a la venta (etapa final) en las provincias. Todo ello, supuestamente, sin necesidad de tocar la Ley de Coparticipación, que exige unanimidad para revisar impuestos coparticipables. De esa manera, según lo que decidan los gobernadores, el IVA total podría terminar siendo inferior o superior al actual 21%. La lectura en el equipo económico es que si los mandatarios provinciales forzaran un incremento se arriesgarían a encarecer el precio final que paga el consumidor en su distrito, lo que podría disminuir las ventas y reducir su recaudación. Esto podría ser perjudical para las provincias con menor consumo, por lo que, entre ARCA y Presidencia, también se contempla un mecanismo de "compensación". Fuente Diario Chaco.