Fue quien ordenó la liberación de los detenidos en la marcha de los jubilados el miércoles pasado. Finalmente, el Gobierno nacional concretó la denuncia penal contra la jueza Karina Andrade por haber ordenado la liberación de los más de 100 detenidos en la marcha de los jubilados del miércoles pasado, que contó con el apoyo de hinchas y barras de equipos de fútbol. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue quien solicitó que se realice la denuncia, la cual fue presentada por Fernando Oscar Soto, en representación del ministerio. La jueza es acusada de prevaricato (dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta y contraria a la ley)​, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento. En la justificación de su accionar, Andrade argumentó: "No se recibía información del lugar de detención. Todos decían 237, 238 y 239, que es desobediencia al orden policial. Pero además no había ningún acta, eran todos nombres, DNI, lugar exacto, oficial que interviene" El Gobierno Nacional ya había anticipado su intención de denunciar a la magistrada e incluso pidió su apartamiento de la causa en otra denuncia presentada el viernes contra intendentes kirchneristas y un dirigente sindicalista. La misma también fue realizada por el propio ministerio de Seguridad, y marcan que la jueza protagonizó "un grave incumplimiento a las normas procesales penales en vigencia". En respuesta a estos avances, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió un comunicado en el que reafirma la independencia del Poder Judicial. El documento subraya que el debate político no debe comprometer la imparcialidad de las decisiones judiciales ni utilizarse para ejercer presiones que atenten contra la independencia de los magistrados. Fuente Diario Chaco.