En diálogo con Diario Chaco, el fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Martín Amad, dio detalles del trabajo realizado que derivó en el procesamiento del intendente de Taco Pozo Carlos Ibáñez por "el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y como organizador de una asociación ilícita". "El valor de nuestro trabajo es que pudimos destapar una olla, que entre 2020 y 2024, solamente en la pequeña localidad que es Taco Pozo, se defraudó al Estado por $ 892 millones, tal como lo presentamos para que la jueza decida el procesamiento". Además, se defendió de las críticas de quienes plantean que es una persecución contra Ibáñez (también tiene investigaciones contra otros intendentes justicialistas). "Nosotros no hacemos caza de brujas. Tenemos una metodología de trabajo que nos permite buscar pruebas, desentrañar estructuras para acusar con fundamento. Lo que hacemos tiene sustento. Y va a tener consecuencias". EL PUNTO DE PARTIDA: TACO POZO El fiscal Amad destacó que el procesamiento se dictó para el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, así como para su hija que es abogada y era la encargada de ANSES en Taco Pozo y otros nueve funcionarios. "La jueza consideró que la hipótesis de la fiscalía tiene verosimilitud, y sería el primer caso del país donde se procesa a funcionarios públicos por este tipo de delito", remarcó. Actualmente ya son muchas las localidades que están bajo la lupa por actuar con mecanismos parecidos. Pero, la punta del ovillo de todo este esquema fue encontrada en Taco Pozo. "En todos los casos, el patrón se repitió: funcionarios municipales, empleados públicos y médicos tramitaban pensiones por discapacidad a personas que no presentaban ninguna condición real que justificara el beneficio, puntualizó el fiscal quien no dudó en calificar como "una corrupción sistemática, con un no era un hecho aislado. Era un modo de operar que fue dejando un perjuicio millonario al Estado y una burla a quienes realmente necesitan estas pensiones". Amad recordó que "la investigación comenzó a inicios de 2023 tras una denuncia que llegó a la Fiscalía y que, a partir de seguir todas las líneas posibles, permitió visibilizar una estructura estatal, provincial y federal para defraudar al Estado en cifras obscenas". Para fundamentar esto, el funcionario dio precisiones: "sólo en Taco Pozo, entre 2020 y 2024, el perjuicio económico al Estado fue de 892 millones de pesos". Carlos Ibáñez, el intendente de Taco Pozo, procesado. LAS RESPONSABILIDADES BIEN DEFINIDAS Según explicó Amad: "La defraudación fue posible por los certificados médicos falsos, facilitados por personal del hospital local, médicos y bioquímicos, además de empleados de ANSES. Empezaba todo con personas vulnerables que acudían a la Municipalidad por una ayuda y terminaban siendo derivados a la agencia de ANSES y allí recibían una pensión por discapacidad sin cumplir los requisitos médicos. Había una maquinaria criminal, y en todo el recorrido aparecen funcionarios como actores principales". El fiscal federal de Sáenz Peña, dejó en claro luego que "nos pusimos como prioridad diferenciar entre quien fue víctima de una maniobra y quien fue parte del engranaje. No vamos por el más débil. Vamos por el que usó su poder para estafar al Estado y enriquecerse". Al respecto agregó: "Muchas de las personas que cobraban estas pensiones fueron excluidas de la causa por estar en situación de vulnerabilidad, a tal punto que ni siquiera sabían que estaban cometiendo un delito. Debe entenderse el contexto. Muchos son pobladores rurales que incluso pensaban que estaban recibiendo una ayuda legítima. Pero muy distinto es pensar en los funcionarios que utilizaron su cargo público para facilitar el fraude". "Lo de Taco Pozo es apenas una pieza. Hay muchas otras. Esto va a seguir", se comprometió finalmente el fiscal Amad. Fuente Diario Chaco.