MUERTES POR FENTANILO CONTAMINADO: FURFARO ACUSÓ QUE LOS LOTES FUERON "SABOTEADOS".
El dueño de HLB Pharma fue indagado por el juez Ernesto Kreplak. Apuntó que la bacteria hallada en el fentanilo es de "origen hospitalario" y no de su laboratorio.
El empresario Ariel García Furfaro declaró durante casi seis horas ante el juez federal Ernesto Kreplak en la causa por el fentanilo contaminado. Allí afirmó que está dispuesto a seguir preso con tal de que se investigue el hecho, denunció ser víctima de un sabotaje y buscó desligar responsabilidades por la contaminación. "Estoy acá para que me corten la cabeza. Si el presidente Milei me quiere preso, me quedo preso para que se investigue", sostuvo, sin pedir su excarcelación.
En su testimonio, defendió al personal técnico de los laboratorios y remarcó que la bacteria hallada "no es de laboratorio, sino hospitalaria", lo que lo llevó a plantear una hipótesis de sabotaje. Además, apuntó contra su exsocio Andrés Quinteros y pidió medidas de prueba para sostener su acusación. Según su abogado, Gastón Marano, Furfaro se ocupaba solo de la parte comercial y casi no asistía al laboratorio Ramallo.
El empresario insistió en que su principal preocupación son las familias afectadas por la intoxicación y aseguró que intentará "averiguar lo que pasó". Reconoció que los fallos técnicos mencionados en la causa existen, pero señaló que requieren un nivel de sofisticación que él no tenía, ya que nunca se ocupó de las cuestiones técnicas. "Era únicamente el dueño, no personal de laboratorio", reforzó su abogado, quien además destacó que los empleados estaban calificados y cumplían con lo exigido por la ANMAT.
Durante la declaración, García Furfaro negó haber tenido una relación de protección con el organismo de control, y sostuvo lo contrario: "El Anmat me volvía loco", afirmó, al tiempo que rechazó cualquier connivencia. También defendió a sus hermanos y al resto de los detenidos, señalando que "se llevó la marca" de la empresa, pero que el trabajo operativo recaía en otras personas.
El juez Kreplak ya indagó a los diez detenidos en la causa, entre ellos familiares y socios de Furfaro, acusados de un delito cuya pena mínima es de 10 años y la máxima de 25. La fiscal federal Laura Roteta le imputó al empresario una responsabilidad central en el caso, mientras sus allegados afirman que busca esclarecer lo ocurrido y defender a sus empleados y familiares.
Fuente Diario Chaco.
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